Los asturianos que se jubilan este año dentro del régimen general de la Seguridad Social lo están haciendo con pensiones medias que rondan los 1.650 euros al mes, una cantidad análoga a la de 2015 y que confirma una tendencia observada sobre todo desde 2010: que el aumento de los ingresos iniciales de los jubilados, que hasta ese año venía siendo vigoroso (las más de las veces superior al 5% anual), se ha frenado coincidiendo con los años más duros de la crisis económica y también con la aplicación, de manera gradual desde 2013, de las reformas del sistema público que retrasan la edad del retiro y endurecen el cálculo de las prestaciones.
Según la información que es pública sobre las altas de nuevos pensionistas, en Asturias se están jubilando en torno a 8.900 trabajadores de media al año, de los cuales más de 6.000 (6.289 en 2015, cifra récord) pertenecen al régimen general de la Seguridad Social. El pasado año, la pensión media inicial de esos nuevos jubilados fue de 1.653,83 euros, la segunda más alta de España por detrás del resultado del País Vasco. Asturias retiene por tanto la condición de región con pensiones altas, merced a circunstancias como el peso de la industria, los salarios relativamente más elevados respecto a otras comunidades y las largas carreras de cotización que distinguen a la generación de trabajadores que están llegando ahora a la edad de jubilación (los nacidos a principios de los años 50).
Pero los mismos datos sobre el perfil de los nuevos jubilados asturianos certifican que hay diferencias relevantes entre cómo han evolucionado las pensiones iniciales antes y después de 2010. Entre 2005 y ese año, la prestación media aumentó casi el 29%; entre 2010 y 2015, el incremento acumulado se quedó en el 3,32%.
¿Qué cambios se produjeron que expliquen tal frenazo en la mejora de las pensiones? En primer lugar cabe citar dos modificaciones que atañen a los datos que elabora la Seguridad Social. En estos últimos años, las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario y de las trabajadoras del hogar han pasado a computar dentro el régimen general. Al tratarse de prestaciones muy modestas, cabe pensar en un "efecto estadístico" que rebaja la pensión media. Sin embargo, el reducido número de esas jubilaciones (apenas un centenar al año entre los dos casos) lo descarta como causa principal.
La desaceleración en los ingresos de los jubilados asturianos se produce principalmente en el período que comprende las fases más duras de la Gran Recesión (entre 2010 y 2014). Fueron años de destrucción explosiva de empleo en los que menudearon las jubilaciones anticipadas forzosas, protagonizadas por trabajadores que, tras haber perdido sus empleos, accedieron al retiro antes de la edad legal (generalmente, a partir de los 61 años) y que por ello sufrieron penalizaciones en sus ingresos. Un ejemplo con la legislación ahora vigente: un trabajador desempleado de 61 años, con 35 cotizados y una base reguladora de 2.000 euros sufre una merma del 30% en su pensión con la jubilación anticipada (el 1,875% por cada trimestre de adelanto respecto a la edad legal).
Casos como ese han sido numerosos durante los años de crisis, un tiempo en el que además comenzó la aplicación de varias reformas de las pensiones. La que de momento ha tenido incidencia en la cuantía de las prestaciones, aunque difícil de precisar, son las aprobadas con el último Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para elevar de manera gradual la edad legal de jubilación (desde los 65 años a los 67 entre 2013 y 2027) y ampliar de 15 a 25 años el período de cómputo de las bases de cotización.
Ambos cambios pueden hacer que se reduzca la pensión inicial. El aumento de la edad de jubilación va parejo con un incremento de los períodos cotizados que dan derecho a percibir el 100% de la base reguladora. En 2012, ese período era de 35 años. En 2016, ha subido a 36 y en 2027, cuando se complete la reforma, será de 38 años y medio. Cuanto más se esté por debajo de ese límite, mayor será la merma en la prestación del trabajador que se jubila.
En 2013 también entró en vigor el aumento progresivo del número de años que computan para calcular la base reguladora, sobre la que a su vez se determinan los ingresos del pensionista. En 2012, el período correspondía a los últimos 15 años trabajados. En 2016 está en 19 años y llegará a los 25 en 2022. Este cambio puede tener un efecto adverso sobre la pensión si durante los años que se añaden las bases de cotización eran más bajas, pero también puede favorecer al trabajador en caso contrario, algo no infrecuente en el supuesto de asalariados que sufrieron recortes de sueldos o que tuvieron que aceptar empleos precarios durante la crisis.
A partir de 2019, las pensiones iniciales pueden sufrir otro ajuste de alcance con la aplicación del llamado "factor de sostenibilidad", aprobado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y que introducirá una nueva variable en el cómputo de los ingresos de los nuevos jubilados: la evolución de la esperanza de vida de los españoles.
