El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, opinó ayer que "podría tener sentido" que se negocien, en el marco de las conversaciones sobre el sistema de financiación autonómico, medidas para "armonizar" el impuesto de sucesiones en España, ahora tan desigual para los herederos de unos y otros territorios que un contribuyente asturiano tributa, por ejemplo, mil veces más que uno de Canarias.

Ferre, que participó en Gijón en la inauguración de Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda del Estado, pasó de puntillas sobre la controversia que genera en Asturias el tributo de sucesiones, de competencia autonómica y uno de los más altos de España. "La única valoración que podemos hacer es respetar plenamente lo que cada autonomía quiera hacer con sus impuestos cedidos", declaró. Añadió que, en todo caso, "cualquier modificación de los tributos cedidos debe analizarse globalmente con el conjunto de la financiación territorial". Algunos gobiernos regionales, el asturiano entre ellos, son partidarios de abordar la situación del tributo en la próxima negociación entre el Estados y las regiones sobre la financiación autonómica.

Esas posiciones remiten en cierta medida al criterio que en 2014 defendió la comisión de expertos a la que el Gobierno central encargó un informe sobre la reforma del sistema tributario español. Ese grupo, presidido por el catedrático Manuel Lagares, defendió una armonización del impuesto mediante el establecimiento de una horquilla de tipos mínimos y máximos (entre un mínimo del 5% y un máximo del 10 o el 11%) para contener las diferencias entre regiones.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, explicó que el colectivo que representa "es siempre partidario de la mayor uniformidad posible" en los tributos, para "evitar desigualdades". No obstante, Groba remarcó que la posible reforma del impuesto de sucesiones es un asunto que es competencia de los responsables políticos.

Al inaugurar el cónclave de los inspectores de Hacienda, el secretario de Estado Miguel Ferre ensalzó los resultados de la lucha contra el fraude (15.664 millones de euros en 2015) y expuso que las políticas para hacer aflorar bienes y derechos ocultos en el extranjero ha permitido elevar hasta en 50.000 millones de euros en la base imponible del impuesto de patrimonio.