Siete de cada diez trabajadores autónomos asturianos cotiza el mínimo legal a la Seguridad Social: 266 euros al mes que dan derecho a la asistencia sanitaria, a las prestaciones por incapacidad temporal y maternidad y a una pensión en el futuro que no llegará a 900 euros. La mayoría de los asturianos que encajan en ese perfil no abonan cuotas más altas "porque no pueden pagarlas" o porque encuentran obstáculos en el sistema para adecuar sus cotizaciones a su nivel de rendimientos, aseguran las organizaciones que los representan. Ante la cercana discusión de una reforma legal en España, los colectivos de autoempleados demandan cambios de calado en el régimen de cotización que den oxígeno a aquellos con ingresos más modestos.
Asturias tiene algo más de 75.000 afiliados al régimen especial autónomo. Entre ellos, unos 49.000 están catalogados como "autónomos propiamente dichos", personas que al frente de sus negocios y profesionales de todos los sectores que desarrollan su trabajo por cuenta propia. El resto está formado por integrantes de sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades de naturaleza societaria, así como por colaboradores familiares (parientes del autónomo que trabajan para él) y miembros de ciertos colectivos especiales (los religiosos, por ejemplo).
Los 49.000 autónomos "propiamente dichos" son los que están concernidos por las medidas que este mismo mes se ha comprometido a poner en marcha el nuevo Gobierno, en virtud del pacto entre el PP y Ciudadanos. Tales cambios incluirán a corto plazo extender la tarifa plana para nuevos emprendedores (la cuota reducida de algo más de 50 euros pasará de seis meses a u año), eliminar los pagos durante la baja de maternidad, ampliar los gastos de vehículo y suministros (luz y agua) que se pueden deducir al liquidar el IRPF y permitir que el autónomo pueda modificar voluntariamente su cotización hasta cuatro veces al año. Quedará sobre la mesa, pendiente de estudio por una subcomisión parlamentaria, una reforma de mayor enjundia: la posibilidad de suprimir el límite de cotización que ahora obliga al autónomo a tributar como mínimo 266 euros al mes, sean cuales sean sus ingresos. Es la reivindicación en la que han puesto más énfasis las organizaciones asturianas del sector (UPTA, CEAT y AFAS).
Un "régimen duro". Una de las diferencias entre la cotización social de un asalariado y la de un autónomo es que en el primer caso los pagos están vinculados al salario: según suba o baje, así lo hace la base de cotización y con ello las cuotas que abonan empresas y trabajadores; en el caso del autoempleo, no existe ese vínculo, sino que se deja a la voluntad del autónomo decidir cuánto va a cotizar dentro de unos límites (entre 266 y 1.085 euros al mes, según las bases mínima y máxima para 2016).
En apariencia, el sistema favorece al autónomo en la medida en que tiene un margen amplio para elegir la cotización según le vaya en el negocio, pero "es un régimen duro para quienes tienen pocos ingresos", afirma Ignacio García, responsable de CEAT, la organización de autónomos vinculada a la patronal FADE.
García se refiere al hecho de que, sean cómo sean los rendimientos de su actividad e incluso aunque tenga pérdidas, el trabajador por cuenta propia tiene que pagar en España al menos los 266 euros mensuales a la Seguridad Social. "Si no facturo no debería estar obligado a cotizar", comenta Manuel Prieto, secretario general de UPTA-Asturias, colectivo asociado a UGT.
La aspiración es ir a un modelo en el que las cotizaciones se armonicen con los ingresos del autónomo, algo que existe en otros países europeos y que para funcionar de manera correcta requiere que los contribuyentes declaren sus ingresos reales. El sector registra niveles de economía sumergida imposibles de precisar pero con seguridad superiores a los de Reino Unido, Francia o Alemania, por citar tres estados europeos donde sí existen mecanismos para rebajar la presión de las cotizaciones sobre los trabajadores autónomos con bajos ingresos o en dificultades. Ignacio García y Manuel Prieto remarcan, no obstante, que la facturación en "B" es ahora menos frecuente de lo que se cree y que las prácticas de economía sumergida son en realidad uno de los grandes enemigos de los autónomos. La peor competencia para ellos, señalan, es la que ejercen aquellos que ni cotizan ni tributan.
Dos alternativas. En virtud del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, una de las propuestas que se va a analizar en los próximos meses supone eximir del pago de cuotas a la Seguridad Social a los autónomos que ingresen menos del salario mínimo interprofesional (9.172,8 euros anuales en 2016). De aprobarse una regla así, sobre el papel podrían acogerse a ella miles de autónomos asturianos si se considera que seis de cada diez contribuyentes del IRPF con rendimientos de actividades económicas declaran ingresos que no llegan a los 10.000 euros al año.
Es la opción que defiende UPTA, combinada con otras dos medidas: por un lado, ampliar a doce meses la tarifa plana de 50 euros, "para que la cotización no sea un lastre para los emprendedores que empiezan", dice Manuel Prieto; por otro lado, permitir que el autónomo pueda modificar a voluntad su cotización varias veces dentro del mismo año para adecuarla a sus rendimientos y expectativas de negocio. Ahora, el trabajador tiene que decidir el año anterior cuánto va a cotizar el siguiente y no tiene posibilidad de modificarlo. Es una rigidez del modelo que puede meter al trabajador en dificultades si su actividad sufre un bache, que refuerza su propensión a cotizar por las bases más bajas y y que a la postre resta recursos a la Seguridad Social. Según el criterio de UPTA, una reforma en las direcciones señaladas no supondría menoscabo para la sostenibilidad económica del sistema.
Suprimir las cotizaciones a partir de un nivel de ingresos determinado (el salario mínimo, por ejemplo) entraña riesgos por los posibles "efectos frontera", apunta Ignacio García, de CEAT. Alude a que existiría un incentivo claro para que quienes superan en poco el salario mínimo indujeran (de manera real o sumergida) una rebaja de su facturación para ahorrarse el coste de la Seguridad Social. CEAT plantea también que se preserve la capacidad de los autónomos de elegir la cotización y que al mismo tiempo se habilite un tratamiento especial para las personas con facturaciones modestas, siguiendo el modelo de Francia, donde estos autónomos, además de estar liberados de facturar con IVA, cumplen con el IRPF y con la Seguridad Social mediante un pago único anual equivalente a una proporción de sus ingresos (ente el 15% y el 25%, según actividades y profesiones). "Nadie paga si no ingresa, pero todo el mundo contribuye", resume Ignacio García.
