La Comisión Europea (CE) no bloqueará fondos de la Unión Europea a España y Portugal por el incumplimiento del déficit fiscal en 2015 a la vista de las medidas que ambos gobiernos (el conservador español y el izquierdista portugués) están tomando para cumplir lo pactado para 2016.
Sin embargo, la Comisión volvió a reiterar la exigencia a ambos países de ajustes fiscales adicionales en 2017 porque, según sus cálculos (que siempre han sido más certeros que los de España, como recordó recientemente el comisario de Economía, Pierre Moscovici), España, Portugal y otros seis países de la UE se desviarán el año próximo si no adoptan medidas urgentes.
El colegio de comisarios renunció al bloqueo de fondos comunitarios (1.135 millones en el caso español) como medida punitiva y de presión a España a la vista de que el ejecutivo ha rectificado parcialmente las bajadas de impuestos de 2015 con una mayor recaudación en el tributo de sociedades (en torno a 9.000 millones), el cierre adelantado del presupuesto y las decisiones de no disponibilidad de gasto.
El expediente de déficit excesivo no se cancela pero la Comisión renuncia a aplicar esta modalidad de sanción como ya hizo el 27 de julio, cuando optó por eximir a España de una multa de 2.000 millones.
La UE tiene que dar ahora encaje legal a su decisión, de naturaleza política, dado que las normas comunitarias sí permitían discrecionalidad en el caso de la multa pero son imperativas en el bloqueo de ayudas europeas.
La presión política del parlamento europeo, que fue beligerante en contra de que se penalizara a los ciudadanos por las vulneraciones de sus gobiernos, fue muy influyente, como lo fue el Brexit en la decisión del 27 de julio y el triunfo de Donald Trump ahora. En Europa crece el recelo ante el ascenso de los populismos y se teme que introducir sanciones o recortes de ayudas a países que han sufrido la austeridad alimente los crecientes movimientos eurófobos en la UE.
La Comisión mantiene sin embargo sus exigencias para 2017. España, que debería de haber situado su déficit en 2015 en el 4,2% del PIB (45.177 millones) lo elevó al 5,1% (54.857), lo que se atribuyó al deliberado aumento del gasto en año electoral y a las rebajas fiscales desaconsejadas por Bruselas, dado que la economía española creció el 3,2% y la desviación no es atribuible al ciclo económico. La desviación de 2015 (9.680 millones) convertía en imposible que España cumpliera en 2016 el mandato (que ya había sido postergado varias veces) de situar el déficit por debajo del 3%. España pidió un año de prórroga para lograrlo pero Bruselas (aunque De Guindos se negaba por prurito) le concedió dos (hasta 2018) en la convicción de que España no podría bajar del 5,1% en 2015 al 2,8% en 2017. Con ello, Bruselas concedió la tercera flexibilización a España desde 2012. España debe cerrar 2016 en el 4,6% de déficit (se cree factible) y bajar al 3,1% en 2017. Será el único país de la UE con un déficit superior al 3%. Pero el Gobierno remitió en octubre un presupuesto para 2017 que prevé un descubierto del 3,6%. Bruselas exige medidas estructurales urgentes que recorten esta previsión en 0,5 puntos adicionales (5.378 millones).
