Tras los grandes esfuerzos de recapitalización y saneamiento realizados, el sector financiero español tiene niveles de solvencia superiores a los exigidos para 2017 por el BCE. En este sentido hay que interpretar las declaraciones de la patronales bancarias AEB y CECA, según las cuales el sector está capacitado para absorber el impacto de la sentencia.
Pero la gran vulnerabilidad actual de la banca española es su baja rentabilidad. Tiene la cuarta menor de Europa sobre recursos propios y es inferior al coste del capital, debido al estrechamiento de márgenes, la baja demanda de crédito de una economía muy endeudada, la aún elevada morosidad, unos costes de estructura todavía altos (por exceso de capacidad, y pese a los recortes de red y empleo) y los crecientes requisitos regulatorios.
La sentencia meterá más presión sobre la cuenta de resultados. Así que quienes pagarán la factura serán los accionistas (incluido los ahorradores populares), con menos dividendos y valor bursátil; los empleados, con más ajustes de plantilla y de red; los clientes, con mayores tipos de interés (dos bancos ya empezaron a subir los tipos de los créditos) y criterios de financiación más restrictivos, y los contribuyentes, que asumirán el impacto sobre la banca pública: Bankia y BMN.
