Es general la creencia de que el Gobierno de Rajoy ha cumplido en 2016 por vez primera con el objetivo de déficit comprometido con Bruselas. Salvo sorpresa, España culminó con el descubierto presupuestario pactado del 4,6% del PIB. En realidad el compromiso inicial era situarlo en el 2,8%, pero luego Bruselas se lo amplió a Rajoy hasta el 3,6 y el pasado agosto, a la vista de que aun así tampoco iba a cumplir en 2016, le otorgó un punto adicional (un margen de 10.756 millones más), hasta el 4,6%.

Hay más dudas sobre el cumplimiento en 2017. España debe reducirlo al 3,1%. Aunque lo logre, será el país del área con mayor déficit. UE, Funcas, Banco de España y la Autoridad Fiscal (Airef) creen que rebasará el objetivo. El Gobierno trata de impedirlo con más impuestos y el techo de gasto. Pero aún deberá afrontar el agotamiento de los 66.815 millones que le dejó de colchón Zapatero para pagar las pensiones.

Con el repunte generalizado de las rentabilidades de los bonos desde mediados de 2016 (aunque aún en tasas muy bajas), el coste de la deuda tenderá a subir. Y este año el Estado tendrá que emitir deuda por 160.000 millones. Por lo tanto, ya no será posible lo que ocurrió en los últimos ejercicios: que España, con mayor endeudamiento cada año, tuviera un gasto en intereses cada vez menor. El servicio de la deuda bajó de 36.020 millones en 2014 a 33.227 en 2015 (último dato definitivo).

Las incertidumbres que pesan sobre 2017 (la fractura de Reino Unido con la UE, el riesgo latente en Grecia, la inestabilidad bancaria en Italia, la incógnitas sobre la política económica de Donald Trump en EE UU y el incierto resultado en las elecciones de Holanda, Italia, Francia y Alemania) sitúan a España, por sus aún acusados desequilibrios, en una gran debilidad en caso de turbulencias financieras o soberanas. España tiene la quinta peor calificación crediticia del euro (tras Grecia, Chipre, Portugal e Italia) que otorgan Moody's, S&P y Fitch.