El elevado endeudamiento español (público y privado, e interno y externo) dejó de protagonizar el debate nacional a partir de 2012. Sin embargo, la deuda total española no ha dejado de crecer desde entonces. Aunque, a juzgar por el relativo protagonismo que se le otorga, pareciera que ya no fuese un problema, se trata, junto con el paro, de la más acuciante vulnerabilidad de la economía española. Cuando los vientos soplan hacia el alza de los tipos de interés (ya está ocurriendo, de hecho, en el mercado de bonos desde junio) y la economía crece pero desacelerará este año, la combinación de menor impulso con más débitos y mayor coste de la deuda debería ser un motivo preferente de preocupación.

Como dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 13 de diciembre, el endeudamiento público y privado y la abultada posición de inversión internacional neta negativa hacen que España "continúe siendo vulnerable a las perturbaciones económicas".

La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) tiene dudas de que el Gobierno pueda cumplir este año el objetivo de bajar la deuda pública al 99,7% del PIB. Al cierre del tercer trimestre estaba en 1,1 billones, en torno al 100,3% del PIB. La deuda privada aún superaba a fines de octubre (último dato disponible) los 1,6 billones, pese a que se redujo desde el inicio de la crisis. Al Estado, las empresas y las familias cada punto que suban los tipos de interés les supondrá un desembolso adicional de 27.000 millones. También tendría impacto en la balanza de pagos. La deuda exterior bruta de España (de las más elevadas del mundo avanzado) sigue creciendo y en el primer semestre de 2016 (último dato difundido por el Banco de España) creció en tres puntos porcentuales, hasta el 171,4 % del PIB

El paro, que sigue a la baja, continúa siendo el segundo más alto de todos los países de la OCDE, sólo inferior al de Grecia. Gobierno y Banco de España creen que puede seguir cayendo este año hasta el 17,7 ó 17,6% de la población activa (al cierre del tercer trimestre de 2016 estaba en el 18,91%) pero la Comisión Europea (CE) y el FMI presumen que en 2017 no bajará sino que subirá al 19,7 y 19,4%, respectivamente.

Parte de la caída del paro obedece a la creación de empleo (aunque con bajos salarios y precariedad: sólo un tercio de la ocupación creada desde que comenzó la recuperación es indefinido y a tiempo completo) y otra parte (que el Gobierno no debería apuntarse como mérito) es por la expulsión de mano de obra del mercado laboral por tres vías: desistimiento (el llamado efecto desánimo), jubilaciones y prejubilaciones, y emigración. Mientras que la fuerza laboral (población activa) creció durante la crisis entre 2008 y 2011, desde 2012 se redujo. Es decir, parte de los parados dejaron de demandar y buscar trabajo o emigraron.

Que CE y FMI sean menos optimistas sobre la reducción del paro obedece a la desaceleración prevista de la economía. El Gobierno estima que el avance del PIB bajará del 3,2% de 2015 y 2016 al 2,5% este año. Pero la UE y el Fondo lo reducen al 2,3% y 2,2% en 2017, en todo caso superior al 1,5 a 1,8% de la UE y la eurozona.

El ministro De Guindos dijo a fines de diciembre que la ralentización no será tan acusada como presuponen ambos organismos. Aun así, el Gobierno parece optimista sobre la traducción del crecimiento en empleos. En el cuadro macroeconómico aprobado el 2 de diciembre, el ejecutivo hizo una previsión de 492.500 ocupados más al año entre 2017 y 2019 con un crecimiento económico esperado del PIB entre el 2,5 y 2,4%, cuando en el último año, creciendo más la economía (3,2%), se creó una cifra menor de empleos: 433.300.

Con los últimos datos de Eurostat al tercer trimestre, España era el quinto país de la UE que más crecía en tasa intertrimestral y el tercero interanual. Esta ventaja tenderá a estrecharse. El Banco Central Europeo (BCE) cree que España perderá fuelle de forma progresiva y se situará en undécima posición en 2018.