La lupa del Catastro escudriñará la mayor parte de Asturias durante 2017 en busca de más inmuebles que no están declarados por sus propietarios a efectos fiscales. Una nueva fase del llamado proceso de regularización catastral, recién aprobada por el Ministerio de Hacienda, prevé que los trabajos de rastreo por tierra (con inspecciones sobre el terreno) y aire (mediante imágenes aéreas) se amplíen este año a 24 nuevos concejos asturianos, entre los que se encuentran algunos de los más poblados (Mieres y Langreo). En este ejercicio también continuarán previsiblemente los trabajos que se aprobaron en 2016 para Oviedo, Gijón, Avilés y Lena.
Hacienda inició en 2013 en todo el país la búsqueda de construcciones o partes de ellas que, al no figurar en el Catastro, escapan al pago de tributos, singularmente del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Mediante el uso de distintos procedimientos y tecnologías, como el uso de fotos tomadas desde satélites o drones, empresas subcontratadas por la Administración identifican los bienes no declarados. A continuación, los propietarios son citados y se les conmina a pagar una tasa de 60 euros por cada situación que se regulariza, aunque la factura mayor llega normalmente después, cuando los ayuntamientos reclaman el pago de los recibos del IBI no prescritos (los correspondientes a los cuatro años anteriores).
Tal procedimiento ya se ha consumado en decenas de municipios de Asturias y en 2016 se puso en marcha en otros. Y una disposición del Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de precisar la relación de los territorios a los que la regularización llegará este año, mediante acuerdos entre los ayuntamientos y la Dirección General del Catastro. Son los siguientes por orden alfabético: Allande, Aller, Bimenes, Boal, Cangas del Narcea, Carreño, Degaña, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Mieres, Pesoz, Ponga, Quirós, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón. El plazo que se marca el Catastro para actuar en esos municipios comenzó el pasado día 31 de diciembre de 2016 y expirará a fines de noviembre de este año.
En febrero de 2016, Hacienda comunicó una resolución semejante en la que se anunciaba el procedimiento de regularización catastral para otra tanda de concejos, entre ellos los asturianos de Oviedo, Gijón, Avilés y Lena. En este caso los plazos se extienden hasta julio de 2017, de modo que al menos parte de los trabajos para detectar propiedades que no tributan y para notificarlo a sus propietarios se desarrollarán durante este año. Sumados los dos grupos de municipios, las actuaciones del Catastro afectarán por tanto en 2017 a territorios donde residen más de 750.000 habitantes, tres cuartas partes de la población regional.
Según un balance provisional divulgado entonces por el Ministerio de Hacienda, hasta el verano de 2016 la regularización catastral se había saldado en Asturias con la identificación de 27.632 construcciones que hasta entonces no pagaban IBI. En un tercio de los casos se trata de reformas y cambios de uso no declarados; otro tercio corresponde a ampliaciones y rehabilitaciones, y el resto son nuevas construcciones. Esa relación de inmuebles incluye más de 800 piscinas.
El proceso de regularización, presentado por Hacienda como un mecanismo de lucha contra el fraude, se fundamenta en una obligación legal poco conocida por los contribuyentes: la de comunicar al Catastro las mejoras o cambios de naturaleza estructural que realizan en sus propiedades y que pueden incrementar su valor. Instalar una cochera o un porche, añadir un piso a una casa o construir una piscina en la finca de un chalé son ejemplos del tipo de actuaciones sobre las que el Fisco ha puesto el foco para elevar los recursos que obtienen los ayuntamientos a través del IBI.
