Los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaban a cierre de 2015 en 60.718 millones, según el Tribunal de Cuentas. Esta cifra no es definitiva ni entraña una pérdida irrecuperable en su totalidad para el Estado, dado que éste sigue siendo aún el principal accionista de Bankia y BMN, por lo que la cifra puede reducirse o elevarse.
La venta futura de las participaciones en las dos entidades nacionalizadas, más la evolución de las garantías otorgadas en la venta de otras entidades, pueden causar "un incremento o una disminución del citado importe", según el Tribunal.
El principal componente del coste acumulado hasta la fecha ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones. Destacan, como "procesos que han supuesto mayor coste", el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA-Bankia (12.347 millones), CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).
El Tribunal aclara en su informe de fiscalización que "los recursos públicos comprometidos" en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas sólo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros.
