Condena
Ingresa en prisión la antigua cúpula de Novacaixagalicia
La Audiencia Nacional manda a prisión a cinco exdirectivos por el caso de las prejubilaciones

Foto de archivo, de los exdirectivos de Novacaixagalicia. / EFE
Julio Pérez
La Audiencia Nacional rechaza la petición de los exdirectivos de Novacaixagalicia condenados, con sentencia firme del Supremo, por las prejubilaciones a evitar la cárcel y acaba de ordenar la detención de los cuatro antiguos altos cargos y del abogado, también condenado, que asesoró en el proceso. Es la primera vez que uno de los casos judicializados por la gestión de las antiguas cajas en España acaba con acusados en prisión, a pesar de que la pena impuesta es de dos años. A dos de ellos se les ha ido a buscar a casa en virtud de la orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Sala 3ª de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El fallo, que la Audiencia Nacional emitió en octubre de 2015, considera que el que fue director general de la entidad, José Luis Pego, tenía "un plan urdido" con el exresponsable de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y del área inmobiliaria, Gregorio Gorriarán, para mejorar las indemnizaciones que cobrarían en caso de su "previsible" salida. Junto a ellos estaban Julio Fernández Gayoso, presidente, y el asesor externo, Ricardo Pradas, a los que se les considera "cooperadores necesarios". Durante todo el proceso también estuvo imputado el director adjunto, Javier García de Paredes, que se llegó a sentar en el banquillo de los acusados. Pero en un giro inesperado de última hora, la Fiscalía Anticorrupción, en sus conclusiones finales, optó por desligarlo de la trama y pedir la absolución. Lo que no evitó que su actuación apareciera en todo momento en la sentencia de la Audiencia Nacional vinculada a la del resto, aunque sin pena para él.
La Audiencia Nacional también obligaba a la devolución de 14 millones de euros de lo recibido por parte de los tres directivos que se retiraron, aunque el Supremo, muy crítico con el argumentario de la sentencia, instó a una revisión de los cálculos porque estaban mal hechos y el reintegro quedó finalmente fijado en 10 millones de euros.
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