Justo Rodríguez Braga, exsecretario general de UGT en Asturias, fue detenido ayer junto con otros cinco miembros y trabajadores del sindicato y de sociedades vinculadas a él, por un supuesto delito de fraude en subvenciones públicas para formación y otro de falsedad documental. Todos ellos han pasado esta mañana a las 11.00 horas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Sólo una de las detenidas declaró durante más de cuatro horas en el cuartel de la Guardia Civil de El Rubín. El resto se acogieron a su derecho a no hacerlo. Tras siete horas, el registro finalizó con la incautación de abundante documentación y material informático. Las actuaciones están bajo secreto sumarial.

Más de una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo -la mayoría armados y algunos incluso con chalecos antibala- desembarcó en la sede ugetista sobre las nueve menos cuarto de la mañana. Simultáneamente, otros seis equipos de agentes llegaban a los domicilios en los que se iban a practicar los arrestos, en Oviedo y Gijón.

Una caravana de vehículos de la Guardia Civil entró en la plaza General Ordóñez y se detuvo ante la sede de UGT de Asturias. Una retahíla de agentes de la Benemérita accedió al interior del edificio ante el asombro de viandantes y del vigilante de la puerta. Esgrimiendo una orden de entrada y registro del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, que pilota la juez Carmen Blanco, se dirigieron a las plantas 11 y 12 de la sede sindical. En ellas se encuentran las dependencias de la Unión Regional de UGT, la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES), y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur S. L.).

El desconcierto, el asombro, y en unos primeros momentos incluso el temor entre algunos trabajadores y sindicalistas, se adueñaron del edificio sindical ugetista. Según confirmaron distintas fuentes, "nadie entendía qué estaba pasando".

Varios agentes se apostaron en los accesos para controlar la entrada y salida de las personas. Pero la mayoría accedieron al edificio para "sellar", como se dice en el argot, los despachos y pasillos de las zonas que se iban a registrar, con el objetivo de nadie entrara ni saliera, y mucho menos que se moviera documentación.

En el resto del edificio, los trabajadores y sindicalistas se podían mover con libertad. No eran motivo de interés para los agentes.

Una vez que las plantas que se iban a registrar estaban "selladas", llegó la secretaria judicila acompañada de más agentes para iniciar el registro efectivo de las dependencias.

Según explicaron varias personas, los agentes y la secretaria judicial "encontraron todas las facilidades y colaboración, como siempre".

De manera simultánea a la entrada en la sede de UGT eran detenidos en sus domicilios el exsecretario general, Justo Rodríguez Braga (Gijón); Daniel Rodríguez, exresponsable de formación del sindicato en la anterior ejecutiva y presuntamente responsable de la firma de contratos investigados (Oviedo); Manuel Díaz Cancio, exsecretario ejecutivo en el equipo de Rodríguez Braga (Gijón); Carmen Caballero, exconcejala de Oviedo y actual responsable de comunicación de UGT de Asturias (Oviedo); Silvia Sariego, trabajadora del IFES (Oviedo), y Alberto González, empleado del departamento del área de contabilidad y nóminas (Gijón).

Alberto González fue conducido al cuartel de la Guardia Civil de El Rubín, pero posteriormente se le trasladó a la sede de UGT Asturias para que estuviera presente durante el registro de las dependencias donde se encuentran los despachos del área de formación, que centran el interés de la investigación.

La Guardia Civil llevó a uno de los detenidos al HUCA a realizar una prueba cardiaca

Daniel Rodríguez fue trasladado por los agentes desde su domicilio hasta el Hospital Central de Asturias, donde ayer se tenía que someter a una prueba del corazón -inicialmente se había dicho que había sufrido una crisis de ansiedad-. Tras practicarle dichas pruebas, los agentes lo trasladaron al cuartel de la Guardia Civil igual que al resto de los detenidos.

Francisco Alonso, abogado de la defensa de Justo Rodríguez Braga y de Carmen Caballero, calificó ayer de "inexplicable todo lo que está pasando. Se trata de las mismas diligencias de las que llevamos hablando desde hace años, las que se refieren a las subvenciones de entre 2010 y 2014. Ya se declaró en sede judicial y se entregó la documentación. No sabemos qué hay distinto para este despliegue, cuando se hubiera hecho una citación como siempre o se hubiera pedido más documentación y se habría cumplido sin problemas".

Tranquilos y molestos

El letrado señaló que los detenidos están "tranquilos, pero muy disgustados por cómo se han hecho las cosas. Nadie explica nada y no había motivos para toda esta operación". También indicó que ninguno de sus representados había declarado, a la espera de hacerlo hoy en sede judicial.

Quien sí lo hizo fue Silvia Sariego, empleada de IFES, según confirmó su abogado, Juan Carlos Rodríguez. "No tuvo inconveniente alguno en hacerlo porque ella era una empleada que cumplía órdenes. Se le indicaba cómo tenía que hacer la facturación y ella lo hacía. No tiene nada que ocultar". Ésta fue la primera vez que Silvia Sariego declaraba. Nunca antes lo había hecho ni ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil ni tampoco en el juzgado.

Las diligencias de la investigación se incoaron en diciembre de 2014, tras un informe de la UCO sobre una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un presunto fraude fiscal y otro de falsedad documental. A punto de caducar los plazos, el fiscal Gabriel Bernal denunció los hechos en el Juzgado de Instrucción, alegando que "la dificultad de la investigación" no había permitido practicar todas las pruebas necesarias. Justo Rodríguez Braga comprometió la colaboración plena con la justicia. Ayer su abogado y el sindicato la reiteraron.