UGT de Asturias desvió más de 845.000 euros de subvenciones públicas a la formación al pago de nóminas de su aparato entre los años 2010 y 2014, según destaca el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que precipitó la detención el pasado martes del ex secretario general de sindicato, Justo Rodríguez Braga, y otras cinco personas vinculadas con las áreas de formación y administración del sindicato.
A juicio de los investigadores de la UCO, UGT de Asturias utilizaba dinero destinado a la recualificación de trabajadores para sostener su estructura de personal, que llegó a superar los 60 empleados. El sindicato pagaba parte de las nóminas con fondos de formación a pesar de que esos trabajadores (secretarios, administrativos, informáticos...) no desempeñaban labores relacionadas con los cursos o no con la suficiente dedicación como para justificar ese gasto. A esa conclusión llegan los investigadores, que iniciaron sus pesquisas en 2014 y en el último año han intensificado las comprobaciones interrogando a trabajadores del sindicato sobre sus funciones después de comprobar la procedencia del dinero de sus nóminas.
El último informe de la UCO, de más de un centenar de páginas, cuantifica en 845.226 euros el dinero procedente de subvenciones de formación presuntamente defraudado entre 2010 y 2014, años en los que se centra la investigación. Las mayores cantidades supuestamente defraudadas corresponden a los dos primeros ejercicios fiscales, los de los años 2010 y 2011, cuando el dinero desviado se elevó a más de 268.000 y 324.000 euros, respectivamente. A partir de 2012 los fondos de formación otorgados por el Principado se recortaron de forma notable y también baja la cantidad supuestamente defraudada por UGT de Asturias. En 2012 el desvío estimado de fondos es de 103.847 euros, en 2013 de 19.204 euros y en 2014 de 128.871 euros.
La ley de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social -aprobada en diciembre de 2012 y que entró en vigor en 2013- introdujo cambios en el Código Penal y estableció un límite de 120.000 euros a partir del cual se considera fraude de subvenciones, castigado con la pena de entre uno y cinco años de cárcel. Teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor (2013), el supuesto delito se centraría únicamente en el ejercicio fiscal de 2014, cuando se superó ese límite.
No obstante el informe de la UCO apunta también hacia un posible delito de falsedad documental por parte de UGT a la hora de justificar ante el Principado el gasto en nóminas vinculadas a tareas de formación. Además la Guardia Civil no sólo se centra en el supuesto desvío de fondos, también pone el foco en otros aspectos como las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban los cursos. Ese tema también lo investigó la Fiscalía, que estimó que las facturas se habían hinchado en cerca de 500.000 euros para cargarlas sobre las subvenciones públicas.
Las facturas de los alquileres constituyeron la primera línea de investigación judicial, pero el nuevo informe de la UCO traslada ahora la lupa al presunto desvío de fondos de formación al pago de nóminas. Vinculado a ello están los registros y arrestos del pasado martes. Entre los detenidos estaban dos trabajadores, Silvia Sariego y Alberto González, que se dedicaban a la gestión de las ayudas de formación en la fundación del sindicato (IFES) y de las nóminas de UGT de Asturias, respectivamente. Además estaban los dos secretarios de Formación del sindicato en la época investigada -Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio- y la secretaria de Administración -Carmen Caballero-. Y junto a ellos, el máximo responsable del sindicato entre 2000 y 2016, el ex secretario general Justo Rodríguez Braga.
Francisco Alonso, abogado que defiende a Rodríguez Braga y Caballero, destacó ayer que el último informe de la UCO, que desencadenó las detenciones, está "lleno de interpretaciones y juicios de valor sobre los que son y no son gastos subvencionables". "No aporta nada nuevo con respecto a los anteriores informes, entra en discusiones administrativas sobre las que quien debe pronunciarse es el Principado, que otorga las subvenciones, o en su caso el Tribunal de Cuentas", añadió el abogado.
Fuentes vinculadas a UGT también destacaron ayer que en los informes de la UCO no hay referencias a indicios de un posible enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes o trabajadores del sindicato.
De momento los hechos investigados sólo están vinculados, según los investigadores, a un posible delito contra la Hacienda Pública -en referencia al delito de fraude en subvenciones- y otro de falsedad documental. No obstante, las investigaciones siguen abiertas.
