El juzgado de instrucción número 4 de Oviedo lleva el caso del presunto fraude en subvenciones de UGT de Asturias desde hace un año. En ese periodo, hasta cinco juezas distintas han estado al frente. La primera de ellas, María Luisa Llaneza García, puso el foco en las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban los cursos, que según la fiscalía se habían hinchado en cerca de 500.000 euros. El paso de la magistrada Llaneza a la Audiencia Provincial de Asturias abrió un periodo de interinidad en el juzgado de instrucción que supuso un paréntesis en la investigación. En septiembre fue designada la nueva magistrada titular, María del Carmen Blanco Alonso, y con ella el caso ha dado un vuelco al centrarse ahora en el posible desvío del dinero de la formación al pago de nóminas en UGT, lo que motivó el registro de la sede del sindicato y la detención de Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT de Asturias, y otras cinco personas vinculadas a la organización.
La Fiscalía Superior del Principado de Asturias inició las diligencias de investigación sobre el caso en diciembre de 2014, tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se denunciaban hechos que podían ser constitutivos de un delito de fraude en subvenciones y otro de falsedad documental. Las pesquisas de la UCO se habían iniciado a partir de denuncias de antiguos trabajadores de la fundación IFES en Asturias, que gestionaba los fondos de formación, y ante la semejanza de los hechos con otros que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto por el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla contra UGT.
El fiscal Gabriel Bernal practicó diferentes diligencias que le llevaron a apreciar "conductas de apariencia delictiva". No obstante, la dificultad de la investigación y la limitación de los plazos legales impidieron al fiscal practicar la totalidad de la prueba. Para poder alargar la investigación decidió judicializarla y en diciembre de 2015 formuló denuncia ante el Juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones de UGT de Asturias.
El caso pasó a manos de la entonces titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza. Las primeras diligencias se centraron en determinar si dos empresas vinculadas al sindicato -Localmur, dedicada al alquiler de locales, e Infastur, que arrendaba equipos informáticos- y su fundación IFES -la que gestionaba los cursos- elevaban de manera artificiosa los costes que se cargaban a las subvenciones del Principado. Para ello llamó a declarar como investigados a los responsables de todas esas entidades. Fue entre febrero y mayo de 2016. Un mes después, la magistrada Llaneza declaró "compleja" la causa a petición de la fiscalía, lo que hace posible que la instrucción se prolongue 18 meses más (hasta finales de 2017).
El 8 de junio de 2016 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el decreto por el que Llaneza pasaba a desempeñar la plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Asturias. Para cubrir la vacante, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias designó ese mismo mes a Marta Navas Solar, jueza de adscripción territorial que anteriormente había sido titular de juzgados de primera instancia de Lena y Llanes. Sin embargo, durante ese verano quien más tiempo estuvo al frente del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo fue la jueza sustituta Ana Olivares Villegas.
El 1 de septiembre el BOE publicó el decreto por el que la magistrada María del Carmen Blanco Alonso, hasta entonces titular del juzgado de primera instancia número 1 de Mieres, pasaba a desempeñar la plaza en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, aunque durante unos días de octubre estuvo al frente de él la jueza sustituta María José Álvarez de Linera.
Con el periodo de interinidad que se inició en junio se abrió un paréntesis en la investigación judicial. Incluso se suspendieron declaraciones pendientes, entre ellas las de los antiguos trabajadores del sindicato denunciantes.
Sin embargo, la UCO de la Guardia Civil siguió interrogando a trabajadores de UGT de Asturias, a profesores que impartieron cursos, a los propietarios de los locales que se alquilaban para impartirlos... y presentó un nuevo informe -el quinto- ante la nueva magistrada Blanco en el que también se apuntaba hacía el desvío de fondos de formación a las nóminas del aparato del sindicato y se solicitaba un registro en la sede de UGT de Asturias, que la jueza admitió. En el transcurso de esa operación la UCO detuvo a Justo Rodríguez Braga y a otras cinco personas vinculadas con las formación y la administración del sindicato, que pasaron la noche en el calabozo y fueron puestas en libertad al día siguiente tras comparecer ante la juez Blanco.
