Casi todos los empleados de UGT de Asturias llegaron a cobrar parte de su nómina con subvenciones del Principado a la formación. Lo reconoció ayer Javier Fernández Lanero, el actual secretario general del sindicato, que destacó "el gran volumen de trabajo" que llevaba aparejada la organización de los cursos y que los pliegos de condiciones de las ayudas permitían justificar como gastos esos pagos de personal.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso del presunto fraude en formación -que precipitó la detención el pasado martes del ex secretario general Justo Rodríguez Braga y otros cinco dirigentes y trabajadores del sindicato- UGT de Asturias desvió más de 845.000 euros de subvenciones públicas a la organización de cursos al pago de nóminas de su aparato entre los años 2010 y 2014. A juicio de los investigadores, el sindicato utilizaba el dinero destinado a la recualificación de trabajadores para sostener su estructura de personal, que llegó a superar los 60 empleados, entre ellos varios familiares de líderes y ex líderes de la organización.

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, reconoció ayer que en la época en la que el sindicato organizaba numerosos cursos -ya no lo hace tras los cambios en el sistema de formación que eliminaron privilegios de la patronal y las centrales mayoritarias en reparto de los fondos- la mayoría de las nóminas del sindicato se pagaban en parte con subvenciones a la formación. "Organizar aquel volumen de cursos llevaba mucho trabajo. Las secretarias del sindicato tenían que atender la llamadas relacionadas con los cursos o convocar a los alumnos, los administrativos gestionar inscripciones o preparar diplomas, los trabajadores de contabilidad elaborar las nóminas de los profesores, los conserjes mover material... Casi todo el personal del sindicato realizaba labores vinculadas a la formación, contribuía en parte a prestar ese servicio y esa parte proporcional se retribuía con cargo a la subvención y se justificaba ante el Principado", explicó Fernández Lanero, que destacó que los sueldos de los trabajadores del sindicato están fijados por convenio y que el pliego de condiciones de las ayudas a la formación permitía incluir un porcentaje de las nóminas para justificar el gasto del dinero público.

Durante el último año los agentes de la UCO interrogaron a decenas de trabajadores de UGT de Asturias para conocer el trabajo que desempeñaban en el sindicato. Eran los empleados que cobraban dinero de la formación y se les preguntaba sobre las tareas que desempeñaban vinculadas a esa actividad. Ese contraste fue clave para cifrar en más de 845.000 euros el dinero presuntamente defraudado por el desvío de fondos al pago de nóminas.

"Cuando a un conserje se le cita en el cuartel de la Guardia Civil y se le pregunta si desempeña labores de formación en el sindicato, lo normal es que responda, temeroso, que no, que él es conserje, aunque haya tenido que mover mobiliario para equipar las aulas o haya tenido que almacenar el material que se utiliza en los cursos", apuntó el secretario general de UGT de Asturias. "¿Que el 50% de la nómina de un administrativo se pague con la subvención es mucho?. ¿Tenía que ser el 30%?. Si esta es la discusión que ha originado las detenciones y el registro de nuestra sede, que han causado un daño irreparable al sindicato, no entiendo nada", añadió Fernández Lanero.

Alquileres "hinchados"

El informe de la UCO no sólo se centra en el posible desvío de fondos, también pone el foco en las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban los cursos. El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) -la fundación de UGT que gestionaba los cursos- alquilaba los locales donde se daban las clases a Localmur, una sociedad limitada controlada por el aparato nacional del sindicato dedicada al arrendamiento de inmuebles. A su vez el instituto IFES contrataba para el equipamiento de las aulas a Infastur, una sociedad cuyo administrador único es UGT de Asturias y que se dedica principalmente al alquiler de equipos informáticos.

Los investigadores de la UCO, que en su informe diferencian entre "aulas blancas" (sin mobiliario, ni ordenadores...) y aulas equipadas, consideran que las facturas de alquiler que se presentaban al Principado para justificar los gastos subvencionables estaban hinchadas -la Fiscalía cifró el posible fraude en el periodo 2010-2014 en cerca de 500.000 euros- y que los precios no se correspondían con los del mercado. Para llegar a esta conclusión incluso interrogaron a los propietarios de los locales alquilados.

Javier Fernández Lanero señaló que los pliegos de condiciones de las ayudas "permitían subcontratar empresas" y que los alquileres se realizaban "a precios de mercado, porque era una de las condiciones que se fijaban en las convocatorias y de no cumplirla los técnicos del Principado nos habrían revocado las ayudas".

El secretario general de UGT de Asturias destacó que los requisitos de las convocatorias de subvenciones "eran muy exigentes" y que "los cursos se impartían y se justificaban los gastos y si había disparidad de criterio con los técnicos se presentaban reclamaciones administrativas y en algunos casos se llegó a los tribunales y se ganó".