"Hace días que no doy abasto, no paro de atender la llamadas". La reflexión la hacía ayer un abogado gijonés. Al otro lado de la línea siempre es la misma historia: un cliente que pide información sobre si su préstamo hipotecario tiene cláusula suelo. El Gobierno aprobó la pasada semana un decreto para evitar que las reclamaciones inundaran los juzgados españoles y que fueran las propias entidades financieras las que se hicieran cargo de ellas y que tramitaran también las devoluciones. Pero la riada no está llegando a las oficinas de las entidades financieras, ni tampoco ante los jueces, al menos de momento; son los despachos de abogados y las sedes de las organizaciones de consumidores las que están recibiendo el aluvión. Las consultas se han multiplicado, y su negocio, también.
"La mayoría de las llamadas son para ver si la gente tiene cláusula suelo en su préstamo, porque no lo saben", explica José Antonio Ballesteros, abogado de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE). Y añade: "Incluso les pasa a muchos que tienen formación universitaria". Los clientes, sostienen los letrados asturianos, no confían en que sus bancos les informen adecuadamente sobre las cláusulas y el derecho a devolución. "Hay mucha gente que no tenía pensado reclamar, pero que tras la sentencia del Tribunal Europeo lo van a hacer", destaca el abogado gijonés Ignacio García. El "efecto llamada" ha sido brutal.
La magistratura europea falló a finales de diciembre a favor de devolver todo el dinero que las entidades financieras habían cobrado de más a sus clientes por las cláusulas suelo que fueran abusivas, en contra de la doctrina del Supremo que abogaba por limitar ese reembolso a mayo de 2013 con la intención de no dañar demasiado las cuentas de los bancos. El Gobierno, por su parte, decretó que esas devoluciones se pactaran entre los clientes y el banco, lo que, a juicio de Ignacio García, "lejos de aportar una solución lo ha embarullado todo mucho más".
La banca continúa siendo reticente a devolver el dinero de las cláusulas suelo de manera automática y generalizada. "Acabo de colgar el teléfono con una clienta que venía de su oficina y le ofrecían el reembolso, pero sólo desde mayo de 2013, así que habrá que reclamar en el Juzgado", comenta García. Y prevé que en unos meses todas esas consultas que se acumulan ahora en los bufetes acaben ante los jueces.
El problema, asegura el abogado ovetense Juan Rodríguez-Ovejero, es que "el decreto del Gobierno ha convertido a la banca en juez, y ha creado confusión, pero la gente quiere justicia y eso no se imparte en una sucursal, sino en un juzgado". En la misma línea, Manuel Noval, portavoz en Asturias de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), asegura que en los últimos días también se está constatando un fuerte aumento de las consultas sobre los gastos de formalización de las hipotecas (de notaría o registros) que, durante años, fueron pagados por los clientes en aplicación de otra cláusula de los contratos que otro fallo del Supremo cuestionó en 2015.
Las frecuentes victorias en este tipo de pleitos han abierto la puerta a que abogados de otras especialidades, ajenos a las financieras, también asuman este tipo de casos. La competencia en el sector está creciendo de forma feroz. "Los pocos juicios que he visto perder por reclamaciones sobre cláusulas suelo han sido por fallos de los abogados a la hora de reclamar. Así que hay que tener cuidado con estas cosas", precisó uno de los letrados consultados. Otros, denuncian algunos usuarios, han aprovechado la coyuntura para aumentar sus tarifas. Aunque la práctica más extendida, aseguran los juristas, es cobrar las costas a las que, por norma general, son condenados los bancos. En otros casos, abogado y cliente pactan el pago de un porcentaje del dinero recuperado en caso de ganar el pleito.
