La mitad de los ciudadanos declara que no entiende el recibo de la luz, según refleja una encuesta reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Y probablemente sean en realidad muchos más los que ignoran lo que pagan y por qué lo pagan. La indescifrable factura energética viene a ser un sudoku de síntesis de uno de los negocios más complejos y con más zonas de sombra, inaccesibles tras una inabarcable maraña de regulaciones que no para de crecer. ¿Qué pagamos verdaderamente en el recibo de la luz?
El recibo dice que se paga por un lado la energía consumida (término variable) y por otro la potencia contratada (término fijo), y que sobre ambas cosas se pagan impuestos (el especial de la electricidad y el 21% de IVA). Con la peculiaridad de que aquí se paga un impuesto sobre un impuesto, ya que el IVA se aplica también sobre la cuota correspondiente al tributo especial.
Una parte de la factura por tanto (en torno al 21%) va para las arcas públicas. El resto, más o menos, se reparte así en un recibo de cien euros: 30 se van a cubrir los precios que se fijan en el mercado mayorista (el que estos días ha centrado al controversia), unos 20 son para los incentivos (antes primas) que reciben los productores de energías renovables, 12 para las empresas que ponen las redes de distribución, 3,5 para las dedicadas al transporte, cerca de 9 para pagar la deuda del sistema eléctrico y el resto para otros gastos.
Una de las principales cosas que no quedan claras en ese reparto, basado en estimaciones de la CNMC, puede formularse así: los españoles están pagando en la factura de la luz los errores de planificación y las políticas energéticas fallidas de los sucesivos gobiernos y, también, ciertos excesos y privilegios de las compañías energéticas. Con la factura de la luz, la quinta más cara de los 28 países de la Unión Europea, se retribuye un modelo de mercado de generación en el que las empresas con presas hidroeléctricas y centrales nucleares obtienen ingresos por kilovatio estratosféricos en relación a sus costes. En el caso de las plantas atómicas, algunos expertos conectan esa sobrerretribución con el rescate encubierto que, bajo la forma de la moratoria nuclear de Felipe González, realizó el Estado en favor de las eléctricas (por vía indirecta, rescate de los bancos propietarios) en los años ochenta del pasado siglo. Entonces el sector bordeaba la quiebra por el hundimiento de la demanda y por los costes financieros de las mastodónticas inversiones del programa nuclear español, producto de una planificación energética del tardofranquismo que saltó en añicos a raíz la crisis internacional de los setenta (la de la petróleo y la estanflación).
El capítulo de los aprovechamientos hidroeléctricos, muchos de ellos construidos hace más de medio siglo, también tiene un lado oscuro. La fecha de vencimiento de las concesiones de explotación del dominio público hidráulico es uno de los secretos mejor guardados del sector. Y tampoco hay luz ni taquígrafos sobre cómo se renuevan y amplían tales concesiones, que reportan ingresos multimillonarios a los principales grupos energéticos.
Del recibo de la luz han salido también, sobre todo desde 2010, miles de millones para pagar los desperfectos de la "burbuja fotovoltaica", resultante de otro error de planificación, este de los Gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos datos: se planificó la instalación de 400 megavatios fotovoltaicos para 2010 y terminaron siendo más de 3.900, retribuidos con primas escandalosas y en gran parte controlados por compañías de raíz constructora que habían amasado fortunas y deudas durante el frenesí inmobiliario y de la obra pública.
Otro frenesí, el de los ciclos combinados. Habiendo sido liberalizado el negocio de la generación eléctrica y siendo sólo indicativa ya la planificación gubernamental, el sector generador se lanzó, en los años inmediatamente anteriores a la crisis, a la instalación masiva de centrales de gas (tecnología de ciclo combinado). Como si el extraordinario crecimiento de la demanda en aquellos años de excesos fuera a ser eterno. Salvo en episodios como el reciente de muy baja hidraulicidad y producción eólica mínima, la gran mayoría de los ciclos combinados apenas ha funcionado en estos años. El riesgo lo corrieron en primer lugar las empresas y sus cuentas de resultados, pero también está enchufado al recibo. Aún estando parados, los ciclos reciben una retribución fija como incentivo a la inversión y a la disponibilidad (alrededor de 700 millones al año).
Los españoles pagan en la factura por tanto costes del presente y otros del pasado que además permanecerán en el futuro. Su expresión más diáfana es el colosal déficit (desfase entre los ingresos y los costes de la tarifa) que empezó en tiempos de Aznar, cuando evitaba subir el recibo por razones electorales y para que la inflación no rebasara los límites de Maastricht que franqueaban la entrada en el euro, y que cabalgó a lomos de la burbuja de las renovables y de la sobrerretribución de nucleares e hidroeléctricas en los años siguientes.
Hoy, tras las reformas del PP en el sector eléctrico y las subidas que ciudadanos y empresas soportaron en mitad de la crisis, el déficit ha dejado de crecer. Pero sigue existiendo una deuda de 23.000 millones, ahora con los mercados financieros como acreedores, después de se "titulizara" para saldar cuentas con las grandes eléctricas. Un pufo que pagarán los hogares y las empresas a través del recibo durante los próximos doce años.
