02 de febrero de 2017
02.02.2017

El Gobierno reactiva la reforma de las cajas rurales que frenó en 2015

Impondrá mayores requisitos a los órganos rectores y el sector mantiene la defensa de su naturaleza cooperativa

02.02.2017 | 02:05
Luis de Guindos.

El Gobierno reactivará el plan de reforma de las cajas rurales y otras cooperativas de crédito que emprendió en 2014 (una vez finalizada la reestructuración de las cajas rurales) y que en 2015 aparcó y dejó en suspenso. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo en el Congreso que su propósito es abordar "una reforma consensuada, abierta y que refuercen la solvencia y estabilidad del sector".

La reforma afectará a las dos cajas rurales asturianas (la de Asturias y la de Gijón) y a otras cooperativas de crédito con sucursales en la comunidad, caso de Caja Laboral y Cajamar. Las cajas rurales representan el 5% del sistema financiero español

El ministro no anticipó si mantiene en su integridad el proyecto que su departamento y el grupo parlamentario del PP habían avanzado en 2014, aunque sí confirmó dos de los objetivos que figuraban en aquel plan: la introducción de "mecanismos que mejoren el gobierno corporativo" y medidas que "refuercen la solvencia y estabilidad del sector".

El mayor temor del sector, según lo expresado en los tres últimos años, es que la reforma pueda conducir a una desnaturalización de las cooperativas de crédito mediante un sutil y gradual acercamiento a la pauta de las sociedades capitalistas. El sector aboga por perpetuar su modelo de acuerdo con la pujante tradición de cooperativas financieras existente en otros países europeos.

Se trata por ello de saber si se está ante una revisión del modelo o ante una transformación. En principio, parece que el Gobierno, al pretender el máximo consenso posible del resto de fuerzas políticas, podría inclinarse por la primera opción. De Guindos sí anticipó que los integrantes de los órganos rectores de estas cooperativas deberán acreditar el cumplimiento de las mismas exigencias de capacitación financiera, idoneidad, experiencia y honorabilidad al que ya se someten los bancos tradicionales y los de las antiguas cajas. La pretensión que más inquieta al sector es el posible cambio en la consideración de las aportaciones de capital que realizan los socios cooperativistas. Hasta ahora, los socios votan en estas entidades con independencia de cuál sea el volumen de su aportación. El Gobierno parece inclinarse porque el peso del voto esté ligado a la participación, lo que acercaría el modelo a las sociedades convencionales.

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