02 de febrero de 2017
02.02.2017
Una investigación con ramificaciones en UGT de Asturias

Una jueza atribuye a Alaya y a la UCO tesis conspirativas sobre la formación

La magistrada andaluza que archivó el caso del presunto fraude de los cursos afea a su antecesora que empezase "la casa por el tejado"

02.02.2017 | 02:05

La magistrada sevillana María Núñez Bolaños ha reprochado a su antecesora al frente del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" ("avaladas" por el PP) sobre posibles prácticas corruptas en la impartición de cursos de formación en Andalucía. De esta investigación, iniciada por Alaya, derivaron las actuales indagaciones de la UCO sobre los cursos de formación de la UGT de Asturias que supusieron la detención el pasado día 17 de seis personas, entre ellas la del ex secretario general del sindicato asturiano Justo Rodríguez Braga.

En respuesta a un recurso del PP contra el archivo de la pieza política de los cursos, la titular del juzgado número 6 de Sevilla sostiene que, a partir de informes sobre supuestas "irregularidades administrativas", la UCO elaboró una "hipótesis" de una presunta red clientelar y de una "organización criminal" que no se ha podido demostrar, y que causó, dice Núñez, un "daño" a personas "cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como delincuentes en el proceso". En esta pieza política del sumario sobre los cursos había 24 exdirigentes de la Junta de Andalucía acusados, 16 de los cuales fueron detenidos por orden de Alaya, a la que su sucesora acusa de "haber empezado la casa por el tejado".

Según la UCO, las irregularidades en las subvenciones "eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía". Esta organización habría beneficiado a una "red clientelar" tras actuar "de forma concertada y bajo instrucciones específicas" y causado, "de forma consciente", una "malversación del erario público". La jueza Núñez archivó el caso por falta de pruebas. El archivo fue respaldado por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora Núñez ratifica su decisión. y rechaza el recurso del PP, al que reprocha falta de argumentos jurídicos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

IBEX- 35