UGT de Asturias desviaba de forma fraudulenta al pago de nóminas de su plantilla hasta el 14% de las ayudas para cursos de formación que recibía anualmente. Así lo destaca el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la juez, que sigue poniendo el foco en el posible desvío de dinero y en el "engorde" de las facturas de alquiler de las aulas con el fin de sostener el aparato del sindicato con fondos de formación. Los investigadores también han analizado los movimientos de las cuentas bancarias de UGT de Asturias y de las fundaciones y empresas del sindicato, sin poner de relieve irregularidades.

El nuevo informe de la UCO cifra en más de 867.000 euros el dinero de formación del periodo 2010-2014 presuntamente destinado al pago de nóminas de personal de UGT que no realizaba labores vinculadas a los cursos. En 2010 la cuantía que no estaría justificada equivale al 12,2% de las subvención recibida por UGT de Asturias; en 2011 al 13,2%; en 2012 al 14,6%; en 2013 al 7,4% y en el 2014 al 7%.

"La mirada incriminatoria de los investigadores se centra en una cantidad que, de media, ronda el 10% de la subvención recibida y el propio informe de la UCO reconoce que es discutible la consideración como gastos justificados", destacó Francisco Alonso, abogado de varios de los investigados en el caso, entre ellos el ex secretario general de UGT Justo Rodríguez Braga. "Incluso el informe habla de una cantidad total de dinero presuntamente desviado de 867.000 euros que no se corresponde con la suma de las anualidades, que da como resultado 761.000 euros", apuntó Alonso.

En su nuevo informe, la UCO sigue poniendo la lupa en las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban los cursos. Los investigadores sostienen que esas facturas que se emitían por empresas del sindicato como Localmur o Infastur se hincharon para que la fundación IFES, también de UGT, las cargara sobre las subvenciones públicas. No obstante la UCO cifra ahora en 464.980 euros el volumen del presunto fraude, por debajo de anteriores estimaciones. En números redondos son 195.000 euros correspondientes a 2010; 227.000 a 2011, casi 21.000 a 2012, y la misma cantidad a la convocatoria de ayudas 2013-2014.

El grupo parlamentario de Podemos llevó ayer el caso de las ayudas de la formación a UGT a la Junta General del Principado al preguntarle al consejero de Empleo, Francisco Blanco, sobre las actuaciones de su departamento. "Este no es un asunto político, no lo haga usted", replicó Blanco al secretario general de Podemos, Daniel Ripa. El consejero señaló que el Gobierno, antes de que la Fiscalía presentase su denuncia contra UGT, ya revocó subvenciones al sindicato por importe de 403.000 euros al entender que estaban insuficientemente justificadas, e incidió en que su departamento seguirá adjudicando los cursos del Servicio Público de Empleo (Sepepa) con criterios técnicos y actuando con transparencia y concurrencia competitiva en su adjudicación. "Ni se los voy a dar (los cursos) a quien diga nadie ni se los voy a quitar a quien diga usted dentro de su causa general contra UGT", señaló Blanco al diputado de Podemos.

Ripa había asegurado en su intervención que "a veces se tiene la impresión de que meterse con la UGT es meterse con el PSOE" y de que "no se investiga" a dicho sindicato porque sus dirigentes lo son también de la formación socialista. El diputado pidió al Gobierno "cierta cautela" a la hora de posicionarse "en el lado de UGT", y lamentó que en Asturias, en las últimas décadas, sindicatos y empresas "hayan hecho negocio" con los fondos de formación para desempleados.