El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) teme una "entrada masiva de demandas" en los juzgados tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios, y ello a pesar de la puesta en marcha del mecanismo de solución extrajudicial pactado por el Gobierno del PP y el PSOE para intentar eximir a los ciudadanos de que se vean obligados a emprender demandas contra sus bancos.
Por ello, y ante la perspectiva de que "un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de primera instancia podría llegar a comprometer la capacidad" de estos juzgados para "dar salida al resto de los asuntos de otra naturales", el órgano de Gobierno de los jueces planteó ayer un "plan de urgencia", que debería ponerse en marcha el 1 de junio, para especializar en los litigios por cláusulas suelo a un juzgado de primera instancia por provincia de "manera exclusiva aunque no excluyente".
El Consejo General, que mantendrá reuniones con los presidentes de los Tribunales de Justicia el día 15 y con los jueces decanos de cada territorio el día 21 para estudiar el plan, planteará que el juzgado que se especialice en este tipo de procesos sea reforzado con uno o varios jueces de adscripción territorial.
El CGPJ considera "necesaria" la "adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos". El Consejo prevé un "importante incremento de demandas", que se sumaría a las que "ya se tramitan actualmente en los juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios".
El Tribunal europeo ratificó la sentencia del Supremo, que anuló las cláusulas suelo pero sólo cuando hayan sido opacas o no inteligibles para el cliente. No obstante, amplió la nulidad desde el origen de las cláusulas y no sólo desde que emitió su fallo el Supremo, en mayo de 2013.
