La juez que instruye el caso de presunto fraude en los cursos de formación que organizaba UGT de Asturias ha llamado a declarar como testigos a 17 trabajadores y ex trabajadores del sindicato. Se trata de empleados que ya había interrogado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las investigaciones que condujeron a la detención del ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y de otros cinco dirigentes y trabajadores del sindicato.

En los informes que la UCO entregó a la juez de instrucción se cifra en más de 867.000 euros el dinero de ayudas públicas a la formación del periodo 2010-2014 que presuntamente fue desviado al pago de nóminas de personal de UGT que no realizaba labores vinculadas a los cursos. Para realizar el cálculo fueron claves los interrogatorios que la Guardia Civil realizó a trabajadores del sindicato durante el pasado año. Aunque ninguno declaró la existencia de esos desvíos -al margen de los ex trabajadores denunciantes- la UCO sí apreció indicios de ellos al preguntar a los empleados sobre sus labores en el sindicato, que en muchos casos no se correspondían con actividades de formación a pesar de que parte del dinero de sus nóminas procedía de ayudas públicas para celebración de cursos. Según UGT, la mayoría de la plantilla cobraba un porcentaje procedente de los fondos de formación porque desempeñaba labores vinculadas a ellos.

Ahora la juez instructora del caso, la magistrada María del Carmen Blanco Alonso, quiere que los interrogados por la UCO presten declaración como testigos y por ello envió la citación a la sede de UGT de Asturias. Sin embargo el sindicato ha respondido que sólo siete de esos 17 citados siguen trabajando como empleados en la sede del sindicato en Oviedo. En principio las testificales estaban fechadas para los días 14, 15 y 16 de mayo, pero los abogados de varias partes han solicitado la anulación por varias causas.