03 de marzo de 2017
03.03.2017

El "cartel del hormigón" se comunicaba en clave por correo, whatsapp y fax

Competencia multa con 6 millones a 13 empresas que se repartieron el suministro a obras como El Musel y el HUCA

03.03.2017 | 14:20

Las empresas asturianas que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), funcionaron como un cartel para manipular los precios del hormigón en las obras públicas encubrían sus identidades sustituyendo los nombres por números en las comunicaciones secretas que mantenían por fax, correo electrónico o whatsapp, según consta el dictamen de la CNMC.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 13 empresas con un total de 6,12 millones de euros por haber constituido un cártel para repartirse el mercado y fijar los precios del suministro de hormigón en Asturias durante al menos 15 años.

En su Resolución, la CNMC considera que las empresas llevaron a cabo acuerdos para la asignación de obras públicas y privadas, se intercambiaron información para conseguir los contratos y para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados y los mantuvieron secretos, entre otras conductas ilícitas. Esas prácticas afectaron a algunas grandes obras públicas que se ejecutaron en el Principado, entre otras las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o el puerto de El Musel en Gijón. "Las empresas integrantes del cártel se repartieron los contratos públicos para su ejecución y utilizaron la figura de las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) para acudir a grandes concursos públicos cuando en realidad no era necesario", según la CNMV.

En el caso de la obra del puerto de El Musel, únicamente dos de las empresas figuraron como suministradoras oficiales de cara al contratista, pero en realidad fueron nueve hormigoneras pertenecientes al cártel las que llegaron a un acuerdo encubierto para repartirse el suministro de hormigón entre todas ellas.

En el caso de la obra en el Hospital Universitario Central de Asturias, las empresas optaron por formalizar el acuerdo mediante la creación de una UTE, que denominaron UTE Hospital. "La creación de una UTE de tal dimensión para el suministro de hormigón resultaba a todas luces innecesaria, a la vista de la información aportada por la propia contratista", señala la CNMC.

Competencia también ha acreditado que en el caso del reparto del mercado para el suministro de hormigón, además de las UTEs, las empresas llegaron a acuerdos para el reparto de clientes y para los precios a los que se suministraba el material, que se iba registrando en unas tablas con la relación de obras adjudicadas, identificadas por una breve denominación y por el nombre del cliente.

La CNMC ha constatado también que el intercambio de información entre las empresas para conseguir y hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados formaba parte del modus operandi. Éste se realizaba en forma de reuniones, envíos de correos electrónicos e incluso de whatsapps y faxes. Además, los acuerdos tenían un marcado carácter secreto y dificultaban la identificación de los responsables con pseudónimos (los participantes se identificaban a través de números para preservar su identidad).

Por todo ello, una vez finalizada la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y ha impuesto sanciones a Lafarge Áridos y Hormigones (LAFARGE) de 1.855.341 euros, a General de Hormigones (GEDHOSA) de 1.758.251 euros, Hánson Hispania (Hanson) de 1.710.812 euros, a Hormigones Aviles Oviedo (HORAVISA) de 136.877 euros, a Fábrica de Hormigones Industriales (Fhisa) de 129.989 euros, a Panelastur (PANELASTUR) de 107.835 euros, a Hormigones Pelayo de 103.365 euros, a Hormigones del Sella (Horsella) de 102.922 euros, a Hormigones Nalón (Gonasa) de 78.170 euros, a Juan Roces S.A. de 54.956 euros, a Canteras del Noroeste de 49.160 euros, a Hormigones de Avilés de 18.238 euros y a Essentium Hormigones de 1.880 euros. Además, la CNMC ha impuesto una multa de 12.000 euros a uno de los directivos.

Desde Competencia destacan que los cárteles constituyen una de las prácticas más dañinas para la competencia por sus efectos nocivos sobre el consumidor. En este caso concreto, se repartieron el mercado y fijaron precios de suministro, por lo que encarecieron el coste de la obra para las empresas licitadoras y para la Administración.

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