04 de marzo de 2017
04.03.2017

El "cártel del hormigón" elevó durante 15 años el coste de las obras asturianas

Multadas con 6,12 millones trece empresas por pactar precios, entre ellas Lafarge, Hanson, Masaveu y sociedades de Abilio Martínez y Pelayo Roces

03.03.2017 | 23:59

Trece empresas hormigoneras implantadas en Asturias (dos filiales de multinacionales, diez de capital asturiano y otra nacional) han sido sancionadas con un total de 6,12 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como integrantes de un cártel que durante quince años se concertó para vulnerar la libre competencia, repartirse el mercado y el suministro a grandes obras públicas (entre ellas, la macroampliación del puerto de El Musel y la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias) y fijar precios de forma pactada y al margen de la concurrencia competitiva, entre "otras conductas ilícitas".

Las empresas sancionadas son una filial de la multinacional francesa Lafarge (deberá satisfacer una multa superior a 1,85 millones de euros); General de Hormigones, del Grupo Masaveu (1,75 millones); Hanson Hispania, filial de un grupo germano-británico (1,71 millones); Horavisa, con sede en Oviedo (136.877 euros); Fhisa, de Salinas (129.899), Panelastur, de Siero (107.835); Hormigones Pelayo, de Langreo (103.365); Hormigones del Sella, de Arriondas (102.365); Hormigones del Nalón, con domicilio social en Oviedo (78.170); Juan Roces, de la familia Roces y sede en Siero (54.956); Canteras del Noroeste, de la familia Martínez Núñez y sedes en Madrid y León (49.160); Hormigones de Avilés, participada por Masaveu, El Caleyo, Roces, Horavisa, Hormigones del Nalón y la familia Martínez Núñez (18.238) y Essentium Hormigones, propiedad de la familia asturiana Monje y con sede en Madrid (1.880 euros). A su vez, la Comisión considera también encartada en la trama y culpable a Hormigones El Caleyo, de Oviedo, mientras fue propiedad de Serafín Abilio Martínez (presidente de la patronal asturiana de la construcción), a la que no se la sanciona por estar en proceso de liquidación tras haber incurrido en situación concursal.

La Comisión de la Competencia instruyó el expediente sancionador tras las inspecciones realizadas el 20 y 21 de enero de 2015 en las sedes de doce empresas que operan en el mercado asturiano de hormigón, cemento y productos relacionados y sobre las que existían indicios de cártelización y de prácticas restrictivas de la libertad de mercado. A partir de las las pesquisas realizadas, el órgano regulador de los mercados amplió el expediente a otras cinco sociedades asturianas el 16 de febrero de 2016.

Ahora la resolución de la CNMC, contra la que no cabe recurso administrativo, aunque sí judicial por vía contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, considera a las empresas investigadas y a un directivo de Fisha culpables de los hechos atribuidos, consistentes en el intercambio de información comercial sensible, reparto de mercado en diversas zonas de Asturias, acuerdos para la asignación entre las compañías sancionadas de obras públicas y privadas en la región, pactos sobre precios con lesión para los clientes y los contribuyentes, mantenimiento en secreto de dichos contubernios y seguimiento del cumplimiento de los pactos, entre "otras conductas ilícitas". Todo estos hechos son constitutivos, según el órgano sancionador, de una infracción única y continuada del artículo primero de Ley de Defensa de la Competencia.

Entre otros métodos, estas sociedades, según aseguró ayer la CNMC, también constituyeron sin ninguna necesidad uniones temporales de empresa (UTE) para concurrir a grandes concursos públicos, con lo que se repartieron, entre otras obras, la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, y la ampliación del puerto del Musel, en Gijón.

Según reiteró ayer la CNMC, "los cárteles constituyen una de las prácticas más dañinas para la competencia por sus efectos nocivos sobre el consumidor". "En este caso concreto, se repartieron el mercado y fijaron precios de suministro, por lo que encarecieron el coste de la obra para las empresas licitadoras y para la Administración", afirma la CNMC.

Según este organismo, se ha acreditado que para repartirse el mercado de suministro de hormigón, además de las UTE, las empresas llegaron a acuerdos para distribuirse los clientes y para fijar los precios a los que se suministraba el material. Toda esta información las registraban "en unas tablas con la relación de obras adjudicadas, identificadas por una breve denominación y por el nombre del cliente".

La CNMC ha constatado también que el intercambio de información entre las empresas para conseguir y hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados formaba parte de la forma habitual de operar. La supervisión del cumplimiento del pacto de reparto del negocio se hacía mediante "reuniones, envíos de correos electrónicos e incluso de Whatsapps y faxes". Estos documentos, junto con anotaciones manuscritas y documentos en formato Excel, fueron incorporados al expediente.

Además, los acuerdos tenían "un marcado carácter secreto" y se dificultaba la identificación de los responsables recurriendo al uso de seudónimos: "Los participantes se identificaban a través de números para preservar su identidad".

El periodo de "al menos quince años" al que se refiere el expediente, y durante el que se habrían extendido las prácticas colusivas en el hormigón asturiano, coincidió, pese a la crisis de 2008 y la caída de la inversión pública desde entonces, con una de las etapas más fabulosas de construcción de equipamientos y de inversión que haya conocido Asturias en el último siglo, al coincidir algunas de las más gigantescas y costosas infraestructuras de la historia de la comunidad (como la macroampliación de El Musel y la perforación de los túneles de la variante de Pajares bajo la cordillera Cantábrica) con el despliegue de autovías, la construcción del nuevo hospital público de referencia del sistema sanitario asturiano y otras obras emblemáticas y equipamientos públicos.

Los primeros documentos y anotaciones incriminatorios que localizaron los investigadores se remontan a los años 1999 y posteriores.

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