"Respecto a la reunión del viernes, nada nuevo. Está la obra de Exisa en Lugones, que la querrá me imagino La Estrella u Horavisa (...). Horavisa no puede y Ernesto puede que sí. Además saldrá la que te comenté de Los Álamos en Prados de la Fuente, así que si no hay novedad más golosa, puedes joder a Nestito y coger nosotros a Exisa y dejar a Nestito la de Los Álamos, que es peor entrada". Es el texto de uno de los correos electrónicos a los que accedieron los investigadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en el que un directivo de la empresa Hormigones Pelayo ponía a otro en antecedentes sobre una reunión que iba a producirse entre los miembros del "cártel del hormigón", la presunta organización clandestina que, según acaba de determinar el citado organismo, conspiró para repartirse contratos y concertar precios durante quince años, incluidos los del furor de la obra pública en Asturias. Las pesquisas han conducido por ahora a la imposición de sanciones que suman 6,12 millones de euros a trece de las catorce empresas involucradas.
La denuncia. Ese e-mail forma parte de la información obtenida mediante registros practicados los días 20 y 21 de enero de 2015 en las sedes de cuatro de la compañías citada en documentos que la CNMC había recibido el mes de noviembre anterior. Eran dos escritos con detalles sobre una trama de prácticas anticompetitivas y en los que se ponía de manifiesto, según la investigación, "la existencia de un reparto de mercado entre empresas hormigoneras en distintas zonas de Asturias". Se añadían datos clave que luego resultaron decisivos para interpretar la información obtenida en los registros (comunicaciones entre los directivos, notas manuscritas, tablas Excel con datos...) y que sugieren que la persona o personas que pusieron el caso en conocimiento de la CNMC conocían de primerísima mano el modo de proceder del clan de la hormigonera. No fue una denuncia anónima, pero Competencia mantiene absoluta reserva sobre las identidades de los autores. Las de las empresas implicadas son la siguientes: Lafarge, General de Hormigones (Grupo Masaveu), Hanson Hispania, Horavisa, Fhisa, Panelastur, Hormigones Pelayo, Hormigones del Sella, Hormigones del Nalón, Roces, Canteras del Noroeste, Hormigones de Avilés, Hormigones El Caleyo y Essentium.
El reparto. Según Competencia, las compañías operaban como un cártel, manipulando el mercado en su beneficio a través de varias estrategias, "siendo la principal y más notoria la consecución de acuerdos entre las empresas para asignarse los clientes a los que suministrar el hormigón", señala el informe aprobado por la CNMC el pasado 23 de febrero. Para "repartirse el mercado", las empresas se reunían periódicamente. Solían hacerlo en restaurantes (la investigación cita uno de Avilés y otro de Oviedo) y allí se determinaban presuntamente las cuotas de negocio que correspondían a cada una de ellas y se verificaba el cumplimiento de los repartos comprometidos. La CNMC dispone de anotaciones manuscritas, "aparentemente correspondientes a reuniones", donde figuran las producciones semanales de cada uno de los participantes y un epígrafe llamado "adjudicaciones" que supuestamente recoge la distribución de las obras.
Los precios. El reparto llevaba aparejado un acuerdo de precios. Conforme a la tesis de los investigadores, el funcionamiento era el siguiente: cada vez que aparecía un contrato de suministro (ofrecido en el mercado por el adjudicatario de una obra pública o por quien ejecutaba una obra privada), el cártel se lo asignaba a uno de sus miembros y establecía también el precio de referencia que la empresa de hormigón ofrecería y que el resto se comprometían a superar si eran consultadas por el cliente. Salvo contadas excepciones, precisa la CNMC, los clientes seleccionaban siempre la oferta más barata y con ello al aspirante de turno del cártel. Quienes estaban fuera del grupo tenían así mermadas su opciones de conseguir las obras.
El mensajero y el código. Presuntamente, el clan de la hormigonera, formado por un número variable de empresas según los momentos, funcionó así al menos entre 1999 y 2014. Dispuso para ello de una estructura en la que, según las conclusiones de la CNMC, desempeñaba un papel central un directivo de Fhisa (Fábrica de Hormigones Industriales, S. A., con sede en Salinas). A él se dirigen consultas por e-mail de directivos de otras compañías acerca de los precios o de las obras. En su ordenador fueron halladas tablas (documentos Excel) que, conforme a la interpretación de Competencia, recogen datos precisos sobre el funcionamiento del grupo, como los porcentajes de suministro de hormigón que corresponden a cada una de las empresas. Aunque no aparecen los nombres de éstas, otros documentos obtenidos por la investigación han llevado a determinar que ("para salvaguardar el secretismo de sus acuerdos") cada compañía era identificada simplemente con un número (del 1 al 15, como máximo). Luego a cada una de ellas se le asignaba una cuota de suministro por zonas geográficas.
La "intención de mantener en secreto los acuerdos y de dificultar la identificación de los responsables", escribe la CNMC, queda al aire también por el uso en ocasiones de direcciones de correos electrónicos no corporativos y difíciles de rastrear. Uno de los e-mails recibidos por el directivo a quien se da un protagonismo central en la trama procede de una dirección llamada "menudochollo@...". En él se informa al citado directivo de un aparente cambio en los números que las empresas usan como seudónimos: "Cambié a Nalón (Hormigones del Nalón), que tenía el 14, por el número 15, para no liarnos con el nuevo, que en el resto de mercados es el 14 y entonces seguirá igual en todos los lados", se dice, presuntamente en alusión a un "nuevo" integrante del cártel.
El impacto. Según la CNMC, el 75 por ciento de las plantas hormigoneras de Asturias llegó a estar involucrado en el cártel, que en un año como 2013 habría movido el 45% de la producción regional de hormigón. "De todo ello se deriva, de forma irrefutable, la afectación de las conductas analizadas y acreditadas a los clientes, normalmente responsables de obras de todo tipo, públicas o privadas, que se han visto perjudicados por unos precios superiores a los que hubiera pagado en un contexto de libre competencia", señala Competencia. Y concluye la investigación: "Es evidente que estas conductas afectan, si bien de forma indirecta, de forma contrastable, a los consumidores y a la economía en general".
