El Gobierno asturiano tiene en marcha un paquete de medidas para "intensificar" la lucha contra el fraude fiscal en los tributos que son de su competencia. La Consejería de Hacienda ya ha abordado una reorganización de efectivos y tareas en los Servicios Tributarios del Principado "para ganar en eficacia" y a lo largo de este año reforzará con más personal el área de inspección, creará un departamento de expedientes complejos y de labores de comprobación y abrirá nuevas vías de colaboración con otras agencias tributarias para el cruce de información.
Uno de los principales objetivos de estas medidas será redoblar el control de los cambios de domicilio ficticios que realizan contribuyentes acaudalados para eludir el pago de tributos como el de sucesiones y donaciones, más alto en Asturias que en otras comunidades autónomas, lo que ha generado protestas multitudinarias como la del pasado jueves ante el Parlamento asturiano.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, anunció el pasado mes de septiembre en la Junta General del Principado un reforzamiento de las medidas antifraude, que en 2015 permitieron recaudar 55,85 millones de euros, equivalentes al 22% de los ingresos tributarios (254 millones) que corresponden a los impuestos sobre los que tiene competencias inspectoras las comunidad (los tributos cedidos por el Estado y los creados por la Administración autonómica). Fuentes de la Consejería de Hacienda señalaron que las medidas anunciadas en septiembre ya están en marcha.
De momento ya se ha abordado una reorganización de efectivos y tareas en los Servicios Tributarios y se preparan cambios en el área de inspección, que será reforzada con más personal, y en la de gestión, que contará con un departamento de expedientes complejos y de labores de comprobación.
Este mismo mes, la Consejería de Hacienda cerrará el plan de control tributario para este año y sus directrices generales serán publicadas para conocimiento de los contribuyentes. Entre las medidas se incluye una intensificación del control de los cambios de domicilio ficticios que realizan contribuyentes acaudalados para eludir el pago de tributos como el de patrimonio o el de sucesiones. Con frecuencia, la deslocalización de contribuyentes con altos niveles de riqueza está motivada también por el impuesto de patrimonio. Madrid es un imán para este tipo de personas porque allí no se paga el citado tributo, que sí grava en el resto de España los patrimonios que sobrepasan los 700.000 euros de valor neto y cantidades inferiores en los casos de algunas comunidades (Navarra y Valencia, entre ellas).
Fuentes de la Consejería que encabeza Dolores Carcedo destacaron que se incrementarán los flujos de intercambio de información con otras agencias tributarias, como la estatal, que dispone de herramientas informáticas sofisticadas para indagar en lo que la Administración denomina técnicamente "cambios de domicilio interesados".
En la actualidad, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado y la Agencia Tributaria del Estado ya utilizan procedimientos como el cotejo de datos sobre suministros energéticos para verificar si los contribuyentes residen efectivamente donde están empadronados.
El domicilio fiscal en un lugar requiere que haya residencia efectiva en él durante 183 días al año. En caso de controversia con la Administración, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Esto es, es él quien debe acreditar, mediante pruebas como recibos o testimonios, que vive en el domicilio que declara oficialmente durante al menos la mitad del año más un día.
