Los bancos tendrán que informar a Hacienda cada vez que hagan una devolución ligada con las cláusulas suelo. La Agencia Tributaria quiere tener un control exhaustivo de cómo va a fluir ese dinero y que nada se escape a su control, por eso en el decreto aprobado hace un mes para regular estos reingresos se incluyen medidas para que ningún contribuyente escape a las garras del Fisco. En juego están millones de euros en impuestos. El Gobierno regional estima que unos 20.000 asturianos podrían reclamar para intentar recuperar su dinero.

Los abogados asturianos temen, no obstante, que la banca utilice como arma que los afectados vayan a tener que rendir cuentas con Hacienda para ofrecerles otro tipo de tratos, como amortizaciones en el capital del préstamo, que puedan ser menos ventajosos. El nuevo decreto para evitar el paso por los Juzgados y facilitar las devoluciones en las oficinas ha empezado con poca expectación en el Principado. "Esto ha sido una moratoria para los bancos", afirma el letrado de la Unión de Consumidores (UCE) José Antonio Ballesteros.

Pero antes, los que logren un acuerdo con su banco tendrán que rendir cuentas en la declaración de la renta. "Parece lógico que la entidad tenga que informar a Hacienda porque va a haber muchas devoluciones", sostiene el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), el asturiano Jesús Sanmartín. Los contribuyentes tendrán que devolver lo que se habían deducido de forma indebida. Según los cálculos realizados por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), para una hipoteca de 110.000 euros con un plazo de amortización de quince años, firmada en 2002, y con un suelo del 3%, el importe a recuperar por el cliente podría rondar los 3.500 euros. De esta cantidad, Hacienda se quedará con unos 277 euros por la deducción percibida. Sanmartín añade que la cantidad a pagar al Fisco puede variar en función de las condiciones del crédito y que estará en torno al 15% de lo recibido.

Fuentes de la banca apuntaron que el decreto aprobado por el Gobierno señala explícitamente que el banco tiene que informar claramente al cliente de que el dinero que van a recibir puede generar obligaciones tributarias. Y a la vez los bancos tienen que avisar a Hacienda. El abogado ovetense Juan Rodríguez-Ovejero teme que las entidades financieras aprovechen esta coyuntura para ofrecer a los afectados otro tipo de acuerdos, menos satisfactorios o en los que no se llegue a reintegrar todo el dinero cobrado de más.