08 de marzo de 2017
08.03.2017

Condenados por apropiación exdirectivos de la aragonesa Caja Inmaculada

Ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia por cobrar 17 millones en pensiones

08.03.2017 | 01:27

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al exdirector general de la antigua Caja Inmaculada (CAI), Tomás García Montes; al antiguo miembro del consejo de administración Francisco Javier Alfaro, y al empresario Ramón Marrero, que gestionaba algunas de las sociedades participadas por CAI Inmuebles, a cuatro años de prisión para cada uno. A los tres se les considera autores de un delito continuado de apropiación indebida agravada por lo que también se les condena a una multa de 10 euros por día durante doce meses, es decir, a un total de 3.600 euros cada uno.

La causa se inició a raíz de la interposición en 2012 por parte de la CAI, que ahora forma parte de Ibercaja, de una denuncia contra los exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Los hechos probados son que los tres, que crearon una "persistente ideación delictiva", se aprovecharon de su posición la entidad financiera para adquirir inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y conseguir créditos sin las garantías necesarias, todo lo cual causó un daño patrimonial a distintas sociedades dependientes de la extinta caja.

Por su parte, un juez de Segovia ha citado como investigados (antes imputados) a seis exdirectivos de la antigua Caja Segovia como supuestos responsables del diseño de un plan de prejubilaciones que pudo causar un perjuicio de 17 millones. Con esta resolución, el juzgado ha encausado a estos exdirectivos, entre ellos el entonces presidente Atilano Soto, al vincularlos con la posible comisión de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La resolución plantea que los seis encausados pudieron diseñar "en su exclusivo beneficio" un plan de prejubilaciones con "abuso de las funciones sociales" que tenían encomendadas y con cargo al ejercicio de 2010, garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros con la compañía Caser.

Además de Atilano Soto, figuran como encausados el que fuera vicepresidente primero de la caja, Mariano Manuel Agudíez; la vicepresidenta segunda, Elena García; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapia; y el también directivo Enrique Quintanilla.

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