La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Las empresas del hormigón cuestionan los registros que destaparon el cártel

Lafarge alegó ante la CNMC que ignoraba que se hubieran pactado precios durante 15 años y culpó a un antiguo empleado

Las empresas del hormigón cuestionan los registros que destaparon el cártel

Los fabricantes de hormigón involucrados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la organización de un cártel que presuntamente habría funcionado durante 15 años en Asturias se preparan para recurrir en vía judicial las sanciones recibidas, que suman 6,12 millones de euros. Una de las líneas de defensa que ya han utilizado algunas de las empresas en sus alegaciones ante la CNMC va dirigida a cuestionar la legalidad de los registros que praticaron los investigadores en varias sedes. Esas inspecciones permitieron localizar documentación que, siempre según el criterio de Competencia, acredita la actividad del cártel y la implicación de 14 compañías.

Las principales empresas sancionadas (la multinacional francesa Lafarge, con 1,8 millones; Ghedosa, de la Corporación Masaveu, con 1,7 millones, y la germano-británica Hanson, con 1,7 millones) no han querido hacer comentarios públicos sobre las denuncias de la CNMC. Durante el procedimiento, las tres utilizaron argumentos variopintos ante Competencia. Lafarge alegó que "en ningún momento fue consciente de la realización de las conductas que se le imputan" y atribuyó su aparente participación en el cártel asturiano a "la actuación autónoma de un antiguo empleado" que habría actuado "clandestinamente" y sin consentimiento de la compañía. La propia CNMC considera "altamente improbable" que las prácticas denunciadas "hayan podido pasar desaparecibidas" para Lafarge durante tantos años.

Gedhosa ha argumentado, por ejemplo, que en los documentos investigados su nombre no aparece hasta 2013, de modo que considera que la conducta que se le imputa no puede remontarse más atrás. Competencia ha respondido que están documentadas referencias desde 2001 a Prefasa, filial de Gedhosa y por ello también de Corporación Masaveu.

Hanson es una de las compañía que ha puesto el acento en los registros. Considera ilegal que los investigadores forzaran electrónicamente documentos que estaban protegidos por contraseñas copiados en las oficinas y equipos informáticos de la sociedad Fishastur, donde fueron halladas tablas Excell y otra información que resultó esencial para el expediente.

La CNMC recoge en sus informes cómo algunas de las empresas del presunto cártel asturiano del hormigón han alegado que las inspecciones llevadas a cabo en las sedes corporativas "están viciadas de nulidad de pleno derecho" porque las órdenes en las que se basaron son execivamente genéricas y no concretan el objeto y la finalidad de los registros. La Dirección de Competencia ha replicado, citando sentencias del Supremo, que la orden de investigación "·indica de forma suficiente el objeto, finalidad y alcance de la inspección".

Compartir el artículo

stats