Humedades, accesos inadecuados o problemas en las fachadas. Esos son los tres principales achaques que tienen los bloques de pisos asturianos que han entrado ya en la cincuentena, según el diagnóstico de los profesionales del sector. Miles de edificios, todos los formados al menos por dos viviendas y que han sido levantados antes de 1967, tendrán que someterse a un examen para evaluar su estado de salud. El Principado está ahora preparando el decreto, que va quemando etapas administrativas antes de llegar al Consejo de Gobierno y que obligará a que estos inmuebles pasen una evaluación completa de su estado. Se prestará especial atención a si el edifico cuenta con unos buenos accesos para personas con discapacidad y se obligará a tener un certificado de eficiencia energética. Las comunidades de propietarios deberán realizar ese examen, como muy tarde, antes del 27 de junio de 2018, según recoge la normativa.

El informe, que tendrá que ser elaborado por un arquitecto o un aparejador, constará de tres partes. La primera será la más larga y estará dedicada a comprobar el estado general del inmueble. Daniel Araujo, de la compañía IEE Asturias, dedicada a la elaboración de este tipo de pruebas, asegura que lo que se evalúa, en este primer caso, es el estado de la "cimentación, de la estructura, la fachada, las cubiertas y las instalaciones". Un repaso completo. Una vez hechas las comprobaciones, el examinador tiene que emitir un informe sobre si el resultado de la inspección es favorable o desfavorable, apuntan desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado (Coaatastur). En caso de suspenso, el evaluador debe indicar las posibles causas de los problemas encontrados, señalar a la comunidad de propietarios las soluciones o reparaciones a efectuar y establecer un plazo para que se subsanen. Una vez pasado ese tiempo, el inmueble debe presentarse a un nuevo examen. De no hacerlo, los propietarios pueden enfrentarse a una sanción de su ayuntamiento.

Otra de las cuestiones que se evaluarán serán los accesos. Es en este punto, sostienen los arquitectos técnicos, donde más suelen flojear los edificios asturianos que han sobrepasado el medio siglo. Al igual que con la evaluación general, el informe deberá detallar cómo es la accesibilidad del inmueble y si está adaptado a la normativa vigente. La única diferencia es que si se detectan fallos, la comunidad de vecinos no está obligada a realizar las mejoras que el arquitecto o aparejador recomiende.

La última parte del examen será la del certificado energético, que ya es obligatorio para todos los edificios de nueva construcción y para aquellos pisos que se pongan a la venta o en alquiler, cualquiera que sea su antigüedad. Al igual que ocurre con los accesos, tampoco es obligatorio realizar las mejoras que el examinador proponga.

Daniel Araujo asegura que los problemas más habituales en estos bloques de viviendas son de "humedades por condensación debido a deficiencias en el aislamiento del edificio". También resalta que es frecuente que haya problemas en las medianeras (la pared que divide a dos edificios contiguos) o fachadas que precisen de algún tipo de intervención para evitar que se produzca algún desprendimiento.

El coste de pasar esta prueba estará entre 80 y 100 euros por vivienda, según algunas estimaciones. Hasta ahora solo tienen la obligación de hacer el examen las comunidades de vecinos que habiten un edificio de más de cincuenta años y que hayan solicitado alguna subvención para hacer obras en sus inmuebles, por pequeñas que sean. El resto de edificios estarán exentos hasta que el Principado de luz verde al decreto. De superarse la evaluación, el informe será válido por un plazo de diez años. Una vez transcurrido ese tiempo, el edificio tiene que volver a repetir todo el proceso.

En otras regiones, como por ejemplo Madrid o Cataluña, este tipo de informes ya son obligatorios desde hace algún tiempo. De hecho, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ampliado las evaluaciones y obliga a realizar también pruebas acústicas.