La instrucción judicial del caso sobre presunto fraude en las subvenciones para formación recibidas por el sindicato UGT y sus fundación IFES en Asturias cerrará en las próximas fechas un capítulo con las últimas declaraciones de trabajadores del sindicato cuyas nóminas fueron pagada en parte con esas ayudas. Ayer, testificaron ante la juez instructora, María del Carmen Blanco Alonso, tres empleados y los tres declararon que realizaban tareas vinculadas a los programas de formación. Entre esos trabajadores estuvo un hijo de Justo Rodríguez Braga, exsecretario regional de UGT. La investigación también está examinando los correos personales de los dirigentes de UGT.

La acusación popular, ejercida por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), mostró de nuevo ayer su contrariedad porque la mayoría de los trabajadores citados como testigos "ha cambiado" sus declaraciones en relación a lo que habían afirmado ante los investigadores e la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según Alberto Suárez, letrado de OCAN, los testimonios se han "acomadado" a la teoría de la defensa, según la cual el pago de nóminas del personal de UGT con cargo a las subvenciones se explica porque los trabajadores realizaban tareas relacionadas con los cursos de formación. Sin embargo, según Alberto Suárez las labores que el personal de UGT afirma haber realizado eran "residuales" ("dar un impreso" o "facilitar un número de teléfono") y no justificarían que se cargara hasta el 75% de las nóminas a las ayudas.

Francisco Alonso, abogado de UGT, señaló por contra que no se han producido contradicciones en las declaraciones de los testigos, sino que el problema estribó en las preguntas de la UCO. "Les preguntaban si impartían docencia o si pertenecían al aparato administrativo de la formación, algo que lógicamente negaron; pero eso no significa que no hicieran labores relacionadas con los cursos. Se ha acreditado de manera plena que las hacían", señaló Alonso.

Entre las diligencias que últimamente se han iniciado está el examen de los correos electrónicos personales de los dirigentes de UGT, miles de mensajes que se volcaron a petición de la UCO. El letrado Francisco Alonso indicó que no aparece en ellos indicio alguno de ilegalidad.