14 de abril de 2017
14.04.2017

Testimonios variables en los cursos de UGT

Los cambios en las versiones de los trabajadores marcan las diligencias para esclarecer si el sindicato pagó nóminas con dinero público de forma ilegal

13.04.2017 | 23:47

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es aplicable a las sociedades mercantiles por los delitos cometidos por sus administradores o trabajadores, pero también a otras organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos. El caso de UGT y el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación podría ser el primero que se da en Asturias de una institución no empresarial que es procesada penalmente, si la investigación judicial en marcha termina en apertura de juicio oral.

La instrucción ha superado el año desde que el fiscal Gabriel Bernal interpuso denuncia por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. Esa denuncia inicial se basó en la existencia de aparentes sobrecostes en los alquileres de locales y aulas que UGT facturaba con cargo al dinero público que repartía el Principado, fondos que según el criterio de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría derivado a subvenciones.

En estos días se cumplen también tres meses de las detenciones de varios dirigentes y del registro practicado por la Guardia Civil en la sede central del sindicato en Oviedo, acciones que marcaron la apertura de otra línea de investigación: el cargo indebido a las subvenciones de las nóminas de numerosos trabajadores del sindicato que, según la tesis de la UCO, basadas en declaraciones tomadas a los empleados, no hacían en realidad labores ligadas a la formación.

En las dos últimas semanas, el juez ha recabado los testimonios de 15 trabajadores de los 17 trabajadores citados para profundizar en las averiguaciones de la UCO. Y esas diligencia han avivado la tensión en las sesiones del juzgado número 4 de Oviedo ante una escena que se repitió en las comparencias de los testigos: muchos de ellos, tras ser preguntados sobre si confirmaban lo declarado ante la Guardia Civil, revisaron sus versiones para "puntualizar" que sí realizaban ciertas tareas vinculadas directa o indirectamente a los cursos. Esa forma de proceder ha sido interpretada por la acusación popular, ejercida por OCAN, como una maniobra para "acomodar" los testimonios a los intereses de UGT, en tanto que el sindicato lo atribuye a imprecisiones de la UCO e incluso a una supuesta tendenciosidad en sus interrogatorios.

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