17 de abril de 2017
17.04.2017

Rato dejó el FMI a los dos días de que le preguntaran por sus negocios opacos

Un informe de la UCO ve indicios de que el exministro gijonés usó su entramado societario para blanquear estando en el Gobierno de Aznar

17.04.2017 | 01:13
Rato, en Gijón, con una reproducción a gran escala de un euro, en 2004.

Rodrigo Rato dejó su cargo como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo dos días después de que el organismo le preguntara por su implicación con varias empresas consideradas opacas y que, según recogen ahora las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exvicepresidente del Gobierno utilizó para un entramado de presunta defraudación tributaria y blanqueo de dinero negro. Así, diez años después, parece que comienza a despejarse la incógnita de por qué el asturiano dejó sorpresivamente el liderazgo de uno de los principales centros de poder del mundo. El dato está incluido dentro del informe que la UCO ha remitido al juez que investiga a Rato por presuntos delitos fiscales, de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. La investigación también señala que durante su época como vicepresidente del Gobierno tenía al menos siete millones de euros en compañías opacas en el extranjero.

Rato presentó oficialmente su dimisión en el FMI el 1 de noviembre de 2007. Dos días antes, el 30 de octubre, la firma de auditoría Price Water House Coopers, encargada del servicio de "compliance" (control del código ético y la prevención de delitos en la institución), le remitió un correo electrónico pidiéndole explicaciones acerca de las inversiones realizadas por las empresas Red Rose, Vivaway y Kradonara 2001, vinculadas con el exvicepresidente del Ejecutivo y que están en el centro de las investigaciones que ahora se siguen sobre el patrimonio del exministro gijonés. La primera de esas sociedades, según informes de la UCO desvelados por el diario "El Mundo", tenía sede a caballo entre Irlanda y Panamá y transfirió siete millones de euros entre 2001 y 2003 a otras compañías del Grupo Rato. La segunda operaba desde Reino Unido y la tercera tenía residencia en la localidad gaditana de Sotogrande y administración gibraltareña.

El juez instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, había encargado a la UCO que investigara si, como apuntaban algunos indicios, Rodrigo Rato había blanqueado dinero y defraudado a Hacienda. Tras dos años de indagaciones, el organismo dependiente de la Guardia Civil acaba de entregar en el Juzgado de instrucción número 31 de Madrid un informe de 321 páginas que incluye afirmaciones demoledoras contra el exministro de Economía. Según el documento, existen "indicios racionales de criminalidad", además de "acciones asociadas a activos vinculados a las entidades del Grupo Rato compatibles con una actividad de blanqueo de capitales". También se constata que existía todo un entramado societario, tanto nacional como internacional, en torno al exgerente del FMI y exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar. Y concluyen asegurando que hubo una "patente voluntad" por parte de Rato de "buscar la ocultación o encubrimiento del origen ilícito de sus ganancias", además de realizar movimientos en el exterior y en España que activaran un "procedimiento de blanqueo de capitales", según "El Mundo".

La investigación de la UCO también deja otros datos relevantes. Por un lado, indica que el entramado de empresas que tenía montado Rato ya existía cuando llegó al Gobierno de España en 1996, y que por esa época escondía tras varias sociedades opacas unos siete millones de euros. Y, por otro, señala que el asturiano utilizó su correo electrónico en el FMI para mover operaciones de blanqueo de dinero.

La UCO ha puesto el ojo sobre varias operaciones realizadas por Rato y su familia. Entre ellas, una transferencia desde Red Rose a la compañía familiar Muinmo con el objetivo de amortizar un préstamo de 3,1 millones que esta última había recibido del banco HSBC, y que había sido destapada por una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por el "caso Gescartera" en 2001. El informe también resalta que algunos ingresos familiares podrían proceder de Cor Comunicaciones, una compañía a la que Rato ofreció trabajos de publicidad aprovechándose de su poder cuando era ministro.

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