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El valor catastral de los pisos variará para corregir injusticias

Un método flexible adecuará al mercado el cálculo de los impuestos de transmisiones, sucesiones y plusvalía

El valor catastral de los pisos variará para corregir injusticias

La Dirección General del Catastro trabaja en un nuevo modelo de valoración de los bienes inmuebles con el propósito de que sustituya, al menos en parte, al valor catastral que ahora se utiliza en las liquidaciones y comprobaciones de los principales tributos de ámbito local y autonómico: IBI y plusvalías, en los ayuntamientos, e impuestos de sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales en el caso de las comunidades. El proyecto consiste en obtener un tipo de tasación más flexible y que se pueda actualizar con frecuencia anual según las circunstancias cambiantes del mercado inmobiliario, para evitar, según el Catastro, situaciones de injusticia tributaria como las que han sido frecuentes durante esta crisis.

La utilización de los valores catastrales para el pago de los tributos que afectan a la vivienda u otras propiedades inmobiliarias ha generado paradojas como la siguiente: el comprador de un piso usado paga 100.000 euros por la vivienda, pero tributa como si el precio hubieran sido 120.000. Eso ha sido posible porque el valor catastral o los coeficientes que se aplican sobre él (para comprobar la base imponible del impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales) no reflejaban a menudo la caída de los precios en el mercado. Esto es, los inmuebles se depreciaron, pero la carga tributaria relativa sobre una compraventa resultaba en realidad mayor que en plena burbuja inmobiliaria. En Asturias, el Principado trató de corregir ese efecto modificando los coeficientes municipales (multiplicadores del valor catastral que se aplican sobre él y que varían según cada concejo).

El desfase entre los valores catastrales y los de mercado han afectado también en estos años a los contribuyentes del impuesto de sucesiones, porque la vivienda esta presente en casi todas las herencias, y a los del impuesto municipal de plusvalías (propietarios que vendieron viviendas u otros bienes y herederos, principalmente).

"Se hace necesario acometer una reforma de los sistemas de valoración, buscando su simplificación y flexibilidad, para conseguir conocer cuál es el valor de mercado de los inmuebles, valor que sea la base de una política tributaria más justa", señala la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, en un resumen de su "Plan de Objetivos 2017". Allí se refleja que la elaboración de un nuevo modelo de valoración es uno de los grandes asuntos estratégicos del organismo, si bien no concreta una fecha sobre su utilización a efectos tributarios. En otros textos técnicos se esboza que el nuevo valor se actualizaría cada año según las zonas y el urbanismo de cada municipio, para reducir las "rigideces" y costes del sistema actual, basado en ponencias colectivas (revisiones catastrales), que por lo común se realizan cada diez años o más.

Hacienda ya introdujo desde 2013 un procedimiento exprés para que los municipios actualicen sus catastros mutiplicando los valores en vigor por un coeficiente común a todo el territorio municipal y que depende de la fecha de la última revisión general. Generalmente, esta opción ha sido usada, dentro y fuera de Asturias, para subir los valores catastrales, no para reducirlos, aunque algún caso de rebaja se ha registrado (Gijón, entre ellos). El uso de ese mecanismo, unido a las revisiones convencionales y a las políticas de lucha contra el fraude para detectar construcciones no declaradas (procedimiento de regularización), ha hecho que en plena crisis se disparasen los valores catastrales medios (ver gráfico superior). En el caso de las viviendas, ese incremento ha sido del 60% en Asturias, con el consiguiente aumento de la presión fiscal.

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