La "ITV" de los edificios con más de 50 años de antigüedad será de obligado cumplimiento en Asturias a partir de junio del próximo año y empezará por los edificios construidos antes de 1964. El Gobierno regional aprobó ayer el decreto que regula esta inspección técnica, que afectará en la región a una horquilla de entre 8.000 y 20.000 edificios, según las estimaciones que maneja el Principado. El censo del parque de edificios de viviendas de la región se conocerá en un año, que es el plazo fijado por la Administración regional para su elaboración por los ayuntamientos.

El objetivo del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), es garantizar la calidad y sostenibilidad del parque de viviendas de la región. Los estudios técnicos se centrarán en tres aspectos: el estado de conservación del edificio, su eficacia energética y la accesibilidad. La consejera de Derechos Sociales y Vivienda, Pilar Varela, aseguró que el decreto aprobado por el Gobierno autonómico desarrolla la legislación básica estatal pero no la endurece. La obligación de realizar este informe empezará por los edificios construidos hasta 1963, que deberán registrarlo antes de julio de 2018. Los inmuebles construidos en 1964 deberán realizar ese informe antes de julio de 2019 y así sucesivamente.

El informe técnico de edificios, que deberá ser expedido por profesionales especializados como, por ejemplo, arquitectos y aparejadores, seguirá un sistema similar a la "ITV" de los coches, según indicó la consejera de Vivienda, Pilar Varela. Una vez realizada la inspección, el arquitecto o aparejador deberá emitir un informe favorable o, en caso contrario, señalar las causas que dan lugar a un informe desfavorable para su subsanación así como fijar un plazo a la comunidad para su corrección.

La inspección técnica deberá renovarse cada 10 años y será obligatoria para las comunidades de propietarios y para los dueños de edificios que hayan superado los 50 años de antigüedad. Las viviendas unifamiliares y los adosados no están obligadas a pasar esta "ITV", según aclaró Varela. El incumplimiento en la presentación de un informe favorable será objeto de sanción por parte de los ayuntamientos, la administración encargada de controlar el censo municipal de edificios y establecer las fechas para el primer informe de evaluación (IEE) y los sucesivos. El Principado subvenciona la elaboración de estos informes desde 2013, año desde el que se han recibido 413 peticiones de ayuda por parte de las comunidades de propietarios. La administración autonómica tiene reservada para esas subvenciones una partida de 70.000 euros, ampliable a los cien mil euros. "La ayuda regional alcanza un máximo del 50 por ciento del coste total del informe, y no puede ser superior a los 500 euros", añadió Pilar Varela. Por otra parte, la administración regional dispone en este ejercicio de 6,5 millones de euros para subvencionar obras de rehabilitación de edificios consistentes en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, las principales debilidades de los inmuebles que cuentan ya con medio siglo de existencia. Los profesionales del sector señalan como principales achaques de estos edificios las humedades, los accesos inadecuados o los problemas en las fachadas.

La titular de Vivienda destacó que la puesta en marcha del registro de edificios y de la citada inspección técnica facilitará "la transparencia" y la información fiable para las operaciones de alquiler y compra venta de viviendas en edificios antiguos, además de favorecer la planificación de la conservación y la mejora de edificios. El cumplimiento de esta inspección favorecerá el alquiler y las operaciones de compra venta de las viviendas de esos edificios, porque dará "transparencia" sobre su estado real, añadió Varela.

Esta normativa regional permite dar cumplimiento a la ley estatal que fue aprobada en 2011 y modificada posteriormente en 2012 y 2015, que tiene por objeto regular la revisión de los inmuebles más antiguos con la finalidad de asegurar su calidad y sostenibilidad.