La dirección de Arcelor-Mittal transmitió ayer a los sindicatos, durante una reunión celebrada en Luxemburgo, su alarma por el impacto que pueden tener para la viabilidad de la industria acerera las restricciones que prepara la Unión Europea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2). El endurecimiento de la disciplina ambiental, derivado de los compromisos europeos de lucha contra el cambio climático, puede conducir al cierre del 40% de las plantas siderúrgicas del continente, según los cálculos técnicos que Arcelor ha transmitido a las centrales.

El acero europeo, incluido el que se fabrica en Asturias, tiene por delante un desafío mayúsculo con la reforma de los derechos para emitir CO2 que prepara la UE, según el criterio de Arcelor y de la patronal siderúrgica europea Eurofer. El objetivo de las instituciones comunitarias es que en 2020 las emisiones de los sectores industriales (afectados por el comercio de bonos de CO2) se haya reducido el 21% respecto a los niveles de 2005. Y en 2030 esa reducción tendría que llegar al 43%. El camino es rebajar de manera drástica los derechos de emisión gratuitos y con ello elevar el coste que para las empresas supone generar dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Según las fuentes consultadas, Arcelor no se opone a esos objetivos, pero considera que, con varias de las propuestas que están sobre la mesa, la industria resulta gravemente penalizada y muchas plantas inviables.

De acuerdo con la información que la siderurgia está transmitiendo a los sindicatos y también a las autoridades españolas y comunitarias, la propuesta que ha elaborado la Comisión Europea tendría, de salir adelante, un impacto dramático en el sector: un coste superior a 30.000 millones de euros en una década a partir de 2021. Estudios encargados a consultoras especializadas cifran el sobrecoste para Arcelor Mittal en Europa hasta en el 40% de su resultado operativo (ebitda).

La propuesta de la Comisión es la más dura, aunque no la única que está sobre la mesa. El Consejo Europeo, donde a la postre se tomarán las decisiones, se inclina por una posición algo menos desfavorable, pero que también desangraría los resultados de Arcelor (hasta un 30% del ebitda).

El Parlamento de Estrasburgo es la institución que más sensible ha sido a las posiciones de la industria, apoyando dos enmiendas consideradas claves para mitigar los impactos económicos de la normativa ambiental. El próximo día 30 de mayo, representantes de las tres instituciones negociarán para buscar una posición común.

Ante ese transcendental encuentro, Arcelor está buscando la complicidad de los sindicatos para que presionen y también tratando de persuadir a los distintos gobiernos para que eviten los escenarios más lesivos para el acero. Varios de los ejecutivos europeos mantienen una posición neutra que compromete la incorporación de las enmiendas aprobadas por el Europarlamento. Según los datos que Arcelor está comunicando en sus contactos con las instituciones españolas, un desenlace de la negociación próximo a las posturas que ahora tienen la Comisión y el Consejo conduciría a "enormes desinversiones". Hasta el 40% de los hornos altos europeos estarían bajo amenaza de cierre en ese caso.