El Gobierno respaldó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y defendió la amnistía fiscal de 2012, justificándola en la excepcionalidad del momento, mientras que el PSOE ha propuesto que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descarta pedir una comisión de investigación.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara por unanimidad "inconstitucional y nula" la amnistía fiscal de 2012 se fundamenta en un "vicio de forma", al entender los magistrados que no podía aprobarse mediante decreto ley. No obstante, eludió pronunciarse sobre el fondo de una resolución que advierte de que la amnistía fiscal legitimó "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, admitió por su parte que el Gobierno puso en marcha "a la desesperada" la denominada amnistía fiscal en un momento en el que España corría el riesgo de ser rescatada y estaba "al borde del colapso" económico.

El PSOE, promotor del recurso de inconstitucionalidad, presentó ayeruna proposición no de ley que plantea la reprobación del ministro de Hacienda "por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes". El texto añade que en la mayoría de "tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal" y cita al extesorero del PP Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exministro Rodrigo Rato.