Los abogados asturianos ven paralelismos, aunque con algunos matices, entre los casos de la salida a Bolsa de Bankia y la ampliación de capital que llevó a cabo en 2016 el Banco Popular, intervenido hace unos días y adjudicado al Santander por un euro. La primera semejanza es que la caída de ambas entidades ha dejado unas enormes pérdidas para los accionistas. La segunda supone que, sostienen los letrados, ambos bancos trataron de dar una imagen de solvencia y de fortaleza económica que no era real. Algunos bufetes regionales ya están preparando demandas al entender que los accionistas tienen las de ganar y opciones de recuperar el dinero invertido.

El abogado de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) José Antonio Ballesteros explica que el perito con el que suele trabajar, Prosper Lamonthe, considera que la información de los folletos que el Popular divulgó para intentar captar nuevos accionistas "era contradictoria" con los resultados reales de la entidad, mucho peores. El letrado considera que hay base para comenzar a presentar demandas y se muestra sorprendido porque hasta ahora el volumen de estas reclamaciones judiciales sea más bien "escaso".

Ballesteros apunta que para su ampliación de capital la entidad elaboró una presentación para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una serie de datos sobre sus márgenes de beneficios, ratios de eficiencia y niveles de morosidad que eran mucho más favorables que los que se publican en su información financiera periódica. El propio banco hizo una intensa campaña de marketing para intentar atraer nuevos inversores.

Pero Ballesteros no es el único que está preparando demandas, también el abogado ovetense Juan Rodríguez-Ovejero, miembro de la asociación española Red Abafi (formada por abogados y economistas), señaló que está preparando una plataforma de afectados para denunciar a la entidad. El letrado considera que el caso podría afectar, incluso, a los inversores que compraron acciones en la ampliación que el banco llevó a cabo allá por 2012.