El rescate al sistema financiero español a consecuencia de la crisis de 2008-2014 deparará un coste neto de 60.613 millones, equivalentes al 5,6% del producto interior bruto (PIB) nacional, según estimaciones del Banco de España. Esta cifra es provisional, dijeron tanto el Banco de España como el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la espera de los recursos reales que obtenga el Estado cuando venda sus participaciones mayoritarias en los bancos nacionalizados Bankia y BMN, ahora en proceso de eventual fusión. En el cálculo avanzado ayer por el supervisor bancario los ingresos potenciales por la venta de las acciones que el Estado tiene en BMN y Bankia se estima en 12.198 millones con datos al cierre de 2015.
De confirmarse este saldo negativo de la operación de salvamento del sector, el coste final de 60.613 millones supondría la pérdida del 79,32% de los 76.410 millones que se han inyectado, por unas u otras vías, al sistema para hacer frente al deterioro del sector a consecuencia de la crisis financiera internacional y del inmediato pinchazo de la "burbuja" crediticia e inmobiliaria específica de España que se había inflado entre 1998 y 2008.
De los 60.613 millones de pérdida esperada, 39.542 millones recaerán sobre el erario público y el conjunto de los contribuyentes, y los 21.071 millones restantes serán la factura para los recursos privados que movilizó el conjunto del sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
Este Fondo no se nutre de dinero público, sino de las aportaciones que realizan las entidades financieras (un porcentaje sobre los depósitos que gestiona de los clientes) y que son sufragadas como un coste que soportan los ahorradores y accionistas de la banca. Sin embargo, aunque su origen es privado, tienen la consideración de ayudas públicas a efecto europeos porque el Fondo de Garantía lo controla y regula el Gobierno, que es quien determina el importe de las cuotas con las que las entidades deben contribuir a su dotación.
Para el saneamiento y rescate del conjunto entidades financieras que solicitaron ayudas directas (14 cajas, grupos de cajas y bancos filiales de las mismas) se movilizaron 76.410 millones de euros, de los cuales 64.098 millones correspondieron a aportaciones de capital; 10.390 millones, a los a los esquemas de protección de activos concedidos a los bancos que se quedaron con entidades dañadas, y 1.922 millones, a otras garantías otorgadas.
De este volumen de recursos, ya se recuperaron 4.139 millones (3.466 millones aportados por el fondo estatal FROB y 673 millones por el Fondo de Garantía) y la estimación provisional apunta a la expectativa de lograr otros 12.198 millones con la venta de acciones de las dos entidades estatalizadas de forma mayoritaria (Bankia y BMN). Este escenario arrojaría una pérdida resultante neta (diferencia entre lo aportado y lo recuperado) de 60.073 millones, lo que sumado a otras cuantías por ajustes diversos, arroja la pérdida esperada total de 60.613 millones.
El subsector de cajas fue el que precisó de ayudas públicas directas. La banca privada salvó los deterioros con ampliaciones de capital y otras vías, en unos casos, y con la asunción de pérdidas por sus accionistas y bonistas, como acaba de ocurrir con el Banco Popular.
