El Fisco se da más tiempo para localizar en Asturias construcciones o partes de ellas por las que sus propietarios no tributan. Los plazos de la denominada regularización catastral han sido prorrogados en los 28 concejos asturianos donde estaba previsto actuar este año, incluidos Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo. La "complejidad técnica" justifica, según Hacienda, la ampliación de un procedimiento por el que ya se han detectado en la región más de 22.000 inmuebles que estaban sin declarar y por los que sus propietarios no pagaban IBI.
Una resolución de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, prolonga el período de regularización en los 2.900 municipios españoles donde estaba previsto que se desarrollaran durante este año los trabajos que realiza el personal de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) para identificar inmuebles en situación irregular: inspecciones sobre el terreno y uso de imágenes aéreas (tomadas por drones o satélites) en busca de construcciones o ampliaciones de ellas no declaradas, piscinas, cocheras, cambios de uso de los inmuebles...
En Asturias, los municipios concernidos son 28, aunque el efecto de la prórroga no es el mismo para todos ellos. Para un grupo formado por Oviedo, Gijón, Avilés y Lena, el plazo se amplía en tres meses, hasta el 30 de octubre de este año (el anterior vencía el 31 de julio pasado). Para el resto, el Catastro se da siete meses extra, de forma que el rastreo, que debía terminarse el próximo noviembre, se extiende hasta julio de 2018. En este caso están 24 municipios: Allande, Aller, Bimenes, Boal, Cangas del Narcea, Carreño, Degaña, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Mieres, Pesoz, Ponga, Quirós, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.
El procedimiento de regularización catastral, presentado por Hacienda como un mecanismo de lucha contra el fraude, se fundamenta en una obligación poco conocida por los contribuyentes: la de comunicar al Catastro las mejoras o cambios de naturaleza estructural que realizan en sus propiedades y que pueden incrementar su valor. Instalar una cochera o un porche, añadir un planta a una casa o construir una piscina son ejemplos del tipo de actuaciones sobre las que el Fisco ha puesto la lupa. Lo hizo a partir de 2013, de acuerdo con los ayuntamientos y con arreglo a un plan que finalizaba en 2016. La "complejidad" técnica de los trabajos y el interés de los municipios en que se realicen para ampliar sus ingresos llevó a extender las operaciones durante dos años más de lo previsto.
Según los primeros resultados conocidos, en los 2.900 municipios españoles donde hasta la pasada primavera se había concluido el procedimiento, el número de inmuebles localizados y regularizados superó el millón. De ellos, 22.195 corresponden a 33 municipios asturianos. Entre esos inmuebles hay casi 600 piscinas.
La regularización obliga a los propietarios a pagar una tasa de 60 euros por cada uno de los inmuebles, ampliaciones o mejoras no declaradas, dinero con el que se financian el procedimiento. El contribuyente queda obligado asimismo a abonar los recibos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) no prescritos (los de los cuatro últimos años).
El aumento del valor catastral que conlleva la regularización tiene además incidencia en otros impuestos de ámbito local o autonómico, como las plusvalías municipales, el tributo de transmisiones patrimoniales (que grava las compraventas de viviendas usadas) y el de sucesiones y donaciones.
