La intervención del Banco Popular y su posterior resolución, reduciendo a cero el valor de las acciones y adjudicando la entidad al Santander por un euro, borró el dinero de unos 200.000 accionistas, según las listas que están manejando algunos de los despachos jurídicos que han empezado a desplegar las reclamaciones contra el proceso del Popular. Entre esos afectados, hay más de 6.400 asturianos.
De acuerdo con la información de uno de esos listados a la que tuvo acceso este diario, la relación de accionistas asturianos estaba formada por 6.409 particulares y empresas cuando, el pasado día 7 de junio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español ejecutó la orden de la Junta Única de Resolución europea de intervenir en la crisis del Popular. Esa cifra equivale al 3,3% de todos los inversores recogidos en la misma lista. Considerando que Asturias representa el 2,2% de la población y el 2% del producto interior bruto (PIB) del país, la relevancia de la caída del Popular en la región, medida por el número de accionistas afectados, resulta singularmente elevada.
El conjunto de esos inversores poseía el 7 de junio casi 41 millones de títulos. La última cotización del Popular fue de 0,317 euros, así que el valor bursátil de ese conjunto de acciones en la jornada del 7 de junio era de unos 13 millones de euros. En los meses precedentes la posición del banco en la Bolsa se había desplomado, asediada por su propia crisis interna y por la actuación de los "bajistas" (inversores que especulan apostando a la caída del valor), de modo el daño económico para los afectados asturianos puede estimarse como mucho mayor. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha tasado el precio de cada acción en 1,85 euros en las reclamaciones administrativas y judiciales que ya está emprendiendo para exigir que se compense a los inversores. Si se aplica ese precio a las participaciones agregadas de los accionistas de la región, la pérdida económica asciende a 75,5 millones de euros.
El número medio de títulos que tenían esos accionistas era de 6.369, pero en la lista aparecen desde numerosos particulares con posiciones ínfimas (en algunos casos inferiores a diez títulos) a unos pocos titulares con participaciones notables. Los dos principales afectados, según la misma información, son el Grupo Orejas y Residencial Vegasol. Ibérica de Servicios e Inversiones (Iberinsa), sociedad de cartera de la familia Orejas y también entidad holding de la que cuelgan sus principales negocios (Química del Nalón y Constructora Los Alamos, entre ellos) poseía 3.371.035 títulos del Popular cuando se produjo la intervención. Si se calcula con el baremo de la Aemec, la pérdida patrimonial del grupo sería de 6,23 millones de euros.
Residencial Vegasol, constructora gijonesa propiedad de la familia Aguilera, era propietaria de un paquete de 2,078 millones de títulos, que tasados con arreglo a la misma fórmula tendrían un valor de 3,84 millones de euros. Vegasol, antiguo patrocinador del Sporting de Gijón, fue un accionista importante de Duro Felguera, de cuyo capital llegó a poseer casi el 16%. A partir de 2013, y debido a sus necesidades de liquidez para hacer frente a las consecuencias de desplome inmobiliario, Vegasol se desprendió de sus posiciones en la ingeniería asturiana.
La relación de inversores damnificados por la caída del Popular incluye varias decenas de otras empresas de tamaño medio. Entre las más conocidas aparecen la construtora Coprosa, con 680.000 títulos; la ingeniería Imasa, con unos doscientos mil títulos, y Asturiana de Laminados, con algo más de cien mil, que acaba de empezar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
La presencia de pequeñas y medianas empresas en el accionariado del Popular se corresponde con su perfil comercial. El banco de raíz madrileña tenía en Asturias, como en el resto de España, una importante cuota de mercado en el segmento de pymes, a las que por lo común proponía la inversión en acciones del propio banco. Esa oferta se repitió de manera sistemática en las sucesivas ampliaciones de capital que la entidad, entonces presidida por Ángel Ron, realizó durante la crisis para reforzar su solvencia.
