La tensión laboral vuelve a Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) a cuenta del convenio colectivo. El comité de empresa anunció hoy la convocatoria de ocho días de huelga durante el mes de septiembre en protesta por el bloqueo de la negociación y, también, para denunciar la presunta deslocalización de actividad hacia instalaciones del grupo en Galicia. La dirección de la compañía replicó este viernes que no existe ese traslado de actividad y que la planta asturiana de Granda trabaja por encima de las previsiones. Afirmó también que las retribuciones de los trabajadores de la factoría están muy por encima de las del convenio del sector.
El presidente del Comité de Empresa de la factoría de CAPSA en Granda, Ramón Ángel Urbano, expuso que las jornadas de paro se desarrollarán los días 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre y que tienen como objetivo denunciar el "recorte económico" al que la empresa quiere someter a sus empleados pese a los casi 14 millones de euros de beneficios registrados este mismo año.
El propio Urbano ha explicado que, aunque CAPSA proyecta beneficios aún mayores para los próximos años, en la mesa de negociación plantea congelar la antigüedad de los trabajadores, eliminarla en los nuevos contratos o no tener en cuenta el IPC.
Los secretarios generales de SOMA-Fitag-UGT y CCOO de Industria, Jose Luis Alperi y Damián Manzano, han alertado sobre la "gravedad" de la situación por todo lo que "hay en juego" a nivel empresarial al "sacarse inversiones de Asturias" y con ellas reducir la "empleabilidad" de la región.
El propio Alperi ha instado a CAPSA a "devolver a Asturias lo que Asturias le da", y ha advertido a los ganaderos de que esta deslocalización "inminente" en favor de los productores gallegos será también un "perjuicio al empleo y al medio rural".
Esta redistribución del trabajo ya tiene como consecuencia el traslado de la producción de 1,2 millones de litros semanales de leches enriquecidas a Lugo, y podría extenderse en los próximos meses a otras "líneas de envasado" e incluso traducirse en despidos en la planta de Granda, han asegurado.
Urbano ha insistido en la "voluntad negociadora" de los trabajadores y ha acusado a CAPSA de ser quien rompe la mesa de negociación al querer "recortar los derechos laborales y sociales" de sus trabajadores, que ya protagonizaron otras protestas el pasado mayo.
Manzano ha explicado que los partidos políticos en la Junta General del Principado ya han sido informados de la situación, y Alperi ha recordado a CAPSA que no puede "empeorar las condiciones laborales" de unos trabajadores que generan millones de beneficios.
Ambas partes se encontrarán en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), reunión prevista para el próximo martes en la que se intentará de nuevo desbloquear la situación y evitar los paros previstos.
