El empresario asturiano Rodolfo Cachero Pereda compareció después del mediodía de ayer ante un juez de guardia de Madrid que le notificó la orden de ingreso en prisión. Horas después, aguardaba en los Juzgados de Plaza de Castilla para ser conducido junto a otros reclusos a la cárcel de Soto del Real. En ella comenzará a cumplir la condena de hasta treinta meses de privación de libertad que se le impuso en Asturias por ocho delitos contra la Hacienda pública cometidos cuando era propietario de la mina Jovesa en Aller, ya cerrada. Su edad, 71 años, y su estado de salud serán invocados por sus representantes legales con el propósito de que Cachero acorte su internamiento penitenciario.
Rodolfo Cachero pasó las horas previas a su comparecencia judicial entre la comisaría del distrito madrileño de Chamberí y un centro hospitalario. Según explicó su abogado, Francisco Maroto, en la tarde-noche del jueves, estando en los calabozos del centro policial, el empresario sufrió una grave subida de tensión que motivó su traslado al hospital, donde, añadió el letrado, recibió tratamiento y pasó la noche.
El empresario y sus representantes presentaron semanas atrás en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo informes médicos sobre dolencias cardiacas y neurológicas para argumentar que el estado de salud de Rodolfo Cachero y su edad desaconsejaban su encarcelamiento. Fue uno de varios recursos de urgencia que el industrial condenado por fraude formuló para que se dejara en suspenso la orden de detención e ingreso en prisión dictada en los primeros días de julio. Esa orden fue incumplida por Cachero, que permaneció dos meses en situación de busca y captura, hasta su detención el pasado jueves.
El empresario fue arrestado por efectivos de la Policía judicial desplazados desde Asturias y por agentes de la denominada Brigada Móvil en un punto cercano a donde Cachero posee unas oficinas, las mismas en las que ha estado domiciliada la sociedad Compañía Minera Asturleonesa, titular de la mina de Cerredo, en Degaña, y en concurso de acreedores desde el mes de enero por fuertes deudas con Hacienda, la Seguridad Social y la plantilla, entre otros acreedores.
La estrategia judicial de Rodolfo Cachero para acortar su periodo en prisión incluye también gestiones para hacer frente a la responsabilidad económica asociada a la condena por defraudación fiscal. De acuerdo con las explicaciones del abogado Maroto, la familia está intentando reunir el dinero para abonar los más de 3,7 millones de euros de las cuotas tributarias que, según la sentencia dictada por un Juzgado de Oviedo, está condenado a pagar en concepto de multas. Estas sanciones (ocho en total, por fraude en el IRPF y en el IVA durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004) llevan aparejadas penas subsidiarias de tres meses de prisión por cada una de ellas para el caso de impago.
En julio, coincidiendo con la requisitoria para que cumpliera condena, Rodolfo Cachero fue desprovisto de sus funciones de administración en la Compañía Minera Asturleonesa, y la gestión pasó a manos de los administradores concursales. A través de su grupo de sociedades y por vía directa o indirecta, el empresario dispone de otros negocios que permanecen activos.
El incumplimiento del auto de ingreso en prisión que dictó el juez de lo penal el pasado julio puede dificultar el acceso de Rodolfo Cachero a beneficios penitenciarios, indicaron fuentes jurídicas. En 2001, cuando fue encarcelado para cumplir condena por delitos similares y también cometidos en Jovesa, el empresario solicitó el tercer grado (régimen abierto) dos meses después de su internamiento, precedido como ahora de una situación de busca y captura que en aquella ocasión se prolongó durante ocho meses.
