La negociación de Duro Felguera para refinanciar su deuda con la banca está aflorando dos posiciones antagónicas en el seno de la compañía. Una es la de quienes son proclives a aceptar el ofrecimiento de los bancos para renovar el acuerdo de suspensión del cobro de los débitos y sus intereses (vigentes desde el 4 de julio y que vence este sábado) para dar tiempo a avanzar en el plan de compromisos que exigen los acreedores como condición para recapitalizar y refinanciar la sociedad. Y otra postura es la que encarna al menos una parte del consejo cercana al presidente, que está dispuesta a rechazar un nuevo acuerdo de aplazamiento de la deuda si antes las entidades financieras no renuevan las concesiones de avales y líneas de financiación que permitan a la empresa contratar más proyectos.
En ese contexto, el presidente de Duro, Ángel del Valle, aseguró ayer a los sindicatos UGT y CC OO que no se le ha planteado por la banca acreedora una propuesta de nuevo aplazamiento del pago de la deuda y que no hay "avances" en las conversaciones. El presidente aseguró que no hay problemas para el pago de las nóminas de septiembre y octubre, pero que desconoce si habrá dificultades desde esa fecha.
Por su parte la banca acreedora, que en los últimos días expresó su disposición a conceder un nuevo periodo de moratoria mientras se avanza en el diseño de la solución definitiva (consistente en una ampliación de capital, entrada de nuevos inversores, refinanciación de la parte de los débitos que no se capitalicen, venta de activos y cambios en la dirección), mantuvo ayer un encuentro en Madrid en el que las seis entidades implicadas concertaron su disposición a renovar antes del sábado el aplazamiento de pagos con un nuevo acuerdo, tal y como varios de los bancos habían confirmado en los últimos días. La banca se mostró dispuesta a ofrecer un aplazamiento hasta el 31 de enero sobre la base del plan de refinanciación.
La banca, que parecía dispuesta a aceptar transitoriamente la continuidad del presidente hasta que se encarrilara la solución definitiva, podría haber endurecido su exigencia de relevo como condición previa para reactivar avales y líneas de financiación. La querella presentada por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional contra Duro, su presidente y su antecesor en el cargo por supuestos sobornos en Venezuela para lograr una adjudicación en 2009, habría acrecentado la desconfianza.
En algunos medios de la ingeniería asturiana se seguía dando ayer tarde por casi seguro ("una probabilidad del 90%") el acuerdo con la banca para alargar la situación actual, que exime a la empresa de afrontar sus débitos, y algunas personas se sorprendieron por las manifestaciones del presidente a los sindicatos. Alguna de las entidades financieras implicadas, consultadas de nuevo anoche, mantuvieron la misma tesis: "Lo más probable es que se renueve hasta finales de enero".
Pero en medios de un sector del consejo se aseguró que "un nuevo acuerdo con la banca como el que vence esta semana no va a ningún sitio" y que una prórroga "no resolvería los problemas". "Sólo con un 'standstill' (acuerdo de espera) no llegamos a enero", dijo. "La empresa se está desangrando y hay que buscar otra solución. El aplazamiento nos cuesta dinero y estamos con la lengua fuera. Tenemos más de 2.000 millones pendientes de contratar por falta de avales y hay que garantizar 2.000 empleos", señaló.
Tras su encuentro con el presidente de Duro, los sindicatos UGT y CC OO expresaron su inquietud por la situación de la compañía, exigieron garantía de preservación del empleo y de la viabilidad de la compañía, y demandaron la continuidad del compromiso y vinculación del grupo con Asturias. Anunciaron que se movilizarán si es preciso para lograr esos fines.
Tras conocerse la querella de la fiscalía, la cotización de Duro se hundió ayer en Bolsa el 11,48%, hasta los 0,54 euros, sólo tres céntimos por encima del mínimo del año: los 0,51 euros de junio pasado. Duro ha pasado a tener un valor de mercado de 86,4 millones de euros, por debajo de la referencia de los 100.
