Duro Felguera consume el último tramo de la moratoria que le concedió la banca en julio, y que vence pasado mañana, con un debate intenso y dilatado en su consejo de administración -que seguía reunido anoche en Madrid-, y en el que se abordó la aceptación o no del nuevo pacto de espera que está dispuesta a conceder la banca acreedora a la compañía asturiana y que, de ser asumido por la empresa, prolongaría durante cuatro meses, hasta el 31 de enero, la exención del pago de los plazos de amortización de la deuda financiera de la ingeniería y sus intereses. El consejo también estaba en el debate de aprobación de las cuentas del segundo trimestre.

La propuesta que los seis mayores bancos acreedores concertaron anteayer en Madrid no cuenta con la anuencia de Ángel del Valle, presidente, consejero delegado y máximo representante del mayor grupo accionarial de Duro. Del Valle lidera el rechazo a suscribir un nuevo acuerdo de suspensión del abono de las deudas bajo la premisa de que, en su opinión, los tres meses de espera del pacto que vence este sábado ha agravado los problemas de la empresa porque, aunque eximió a la compañía de hacer frente a sus débitos durante ese tiempo, no resolvió aún a la sociedad los problemas de capitalización y de refinanciación, y tampoco se acompañó con la reanudación de la concesión de avales y líneas de crédito por los bancos al grupo asturiano. Sin avales, según la tesis que defiende Del Valle y consejeros afines, la compañía no puede materializar contratos ni aumentar su carga de trabajo para generar ingresos en los próximos ejercicios mientras que la renuncia por la banca durante tres meses al cobro de sus préstamos le está entrañando una coste a la sociedad en pagos de asesores y otros gastos de gestión.

La banca ofrece a la compañía un segundo periodo de espera para dar tiempo a que se cierren las gestiones en marcha sin que la compañía sufra una asfixia financiera. Anteayer, Del Valle admitió a una representación sindical de UGT y CC OO que no hay garantía de liquidez para pagar los salarios de los 2.000 empleados a partir de noviembre. Las gestiones pendientes son la aprobación definitiva del plan en el que vienen trabajando la empresa y los acreedores, y que pasa por la venta de activos, culminación de las conversaciones que se mantienen con grupos inversores para que aporten capital, recapitalización adicional de la sociedad mediante el canje de parte de la deuda bancaria por acciones (con lo que los bancos pasarían a ser accionistas) y cambio en la dirección del grupo y del presidente y primer ejecutivo. La recapitalización necesaria se estima en 100 millones o una cifra superior, lo que diluiría el peso de los accionistas mayoritarios actuales.

Medios bancarios justificaron que los acreedores no hayan aportado otro tipo de ayudas (caso de avales) porque "existen dudas razonables sobre la viabilidad de la compañía y no se tiene claro el agujero financiero ni confianza en la capacidad de gestión". La reanudación de avales se supeditaría así al cambio en la dirección mientras culminan las conversaciones en marcha con inversores interesados. Del Valle mantiene su disposición a renunciar pero una vez que esté encarrilada la solución de Duro. La querella de la fiscalía por supuestos sobornos de Duro en Venezuela en 2009 ha agudizado más el desencuentro entre los acreedores y el presidente. También se atisban diferencias internas en Duro. Y preocupan las alternativas que le quedarían al grupo si renuncia al pacto bancario, entre ellas el concurso de acreedores. La acción llegó a caer ayer el 7,4%, pero luego atenuó su castigo al 3,7%.