Las pensiones han formado parte estos días de la discusión económica sobre el intento secesionista catalán. ¿Podrían pagarse los catalanes las pensiones en caso de independencia? Si bien respuesta verdaderamente rigurosa requeriría mirar más allá de las cuentas actuales de la Seguridad Social, éstas muestran que Cataluña tiene un saldo negativo entre cotizaciones y prestaciones, aunque no mayor en términos relativos que el del conjunto del país y moderado si se compara con Asturias y el resto del Noroeste. De hecho, sólo tres comunidades (Madrid, Baleares y Canarias) dispondrían de cotizaciones suficientes para pagar las pensiones de sus ciudadanos sin incurrir en déficit si hoy se decidiera romper la caja única de la Seguridad Social, el mecanismo que refleja la auténtica naturaleza del sistema español (de reparto): la solidaridad es entre individuos y entre generaciones (los trabajadores en activo financian las nóminas de los jubilados) y no tiene límites territoriales.
Un grupo de economistas de la Universidad de Valencia -formado por los profesores José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu- acaba de publicar, al hilo del debate sobre Cataluña, un trabajo en el que se analiza la situación de las autonomías en cuanto al sistema de pensiones. Su propósito, aclaran, no es poner en cuestión el modelo de caja única, sino "aportar información". La referida a Asturias certifica que la región está, de largo, a la cabeza del desequilibrio de la Seguridad Social, por la combinación de un mayor envejecimiento de la población, una elevada cuantía del gasto en pensiones y un bajo número de cotizantes.
El citado equipo de economistas examina, entre otros indicadores, el llamado saldo contributivo de la Seguridad Social, una cuenta que se utiliza para medir la salud financiera del sistema a corto plazo. Los resultados son demoledores para Asturias y vienen a confirmar la gravedad del desfase entre pensiones y cotizaciones, que hace a la región extraordinariamente dependiente del modelo de caja única: el desequilibrio entre los pagos que hacen empresas y trabajadores a la Seguridad Social y los gastos que supone la nómina de los más de 270.000 pensionistas asturianos equivale al año al 10,5% del producto interior bruto (PIB), regional. Ese resultado casi multiplica por siete la media nacional (1,54%) y duplica el de la segunda autonomía con peores datos (Cantabria, con el 5,2%).
De acuerdo con este análisis de expertos, el caso de Asturias se puede explicar, "además de por el envejecimiento poblacional", por el hecho de que la cuantía media de las pensiones es muy alta, algo que los autores atribuyen en parte a las prestaciones procedentes de la minería (a menudo superiores a 2.000 euros brutos al mes). Se añade, por el lado de los ingresos, que el número de cotizantes es bajo (hay 33 afiliados por cada cien habitantes, frente a los 37 de España) y que "sus bases de cotización no son muy elevadas".
Ese último rasgo se ha acentuado con la terciarización de la economía (el empleo en los servicios tiene con frecuencia salarios inferiores a los de la industria o la construcción) y, en años recientes, con los impactos de la devaluación salarial inducida por la crisis y por la reforma laboral de 2012. En 2015, ejercicio que los investigadores toman como base para su estudio, Asturias ganó trabajadores (unos 4.800 de media en el año), pero los ingresos en cotizaciones (2.008 millones) no remontaron los de 2014 (2.026 millones).
En general, el desequilibrio financiero de la Seguridad Social en Asturias se ha agravado intensamente desde 2008: en ese año, los pagos en cotizaciones daban para cubrir el 63% del gasto en pensiones; hoy, esa cobertura no llega al 47%.
Ninguna otra región tiene un balance peor, pero los números negativos se repiten en casi todas ellas. Particularmente en las del envejecido Noroeste. Medido en términos de PIB, el desfase es del 5,2% en Cantabria, del 4,36% en Galicia y del 4,24% en Castilla y León. A continuación aparecen dos territorios con perfil industrial y por ello con pensiones medias altas: País Vasco (desvío equivalente al 3,15% del PIB) y Aragón (2,44%). El resto de las regiones deficitarias, Cataluña incluida, están por debajo del 2%. Y sólo Madrid, Baleares, Canarias y la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una posición de "razonable sostenibilidad financiera" al disponer de moderados superavits (ver gráfico adjunto).
¿Cómo es posible que se sujete el sistema si es deficitario en catorce de las diecisiete autonomías? Aunque la financiación principal viene de las cotizaciones (85%), el modelo se nutre también de los impuestos (básicamente, para el pago de los complementos a mínimos), de la "hucha de las pensiones" (Fondo de Reserva del que quedan 11.600 de los 67.000 millones que tenía en 2012) y, desde este año, con cargo a un mayor endeudamiento del Estado.
