El sistema público de pensiones está sometido a una gravísima tensión económica por la confabulación de factores adversos que erosionan sus ingresos y acrecientan sus gastos. El envejecimiento demográfico, la elevada esperanza de vida en España, la caída de la población activa desde 2012, el paro aún muy elevado (el segundo mayor del mundo avanzado), la entrada en el sistema de perceptores con carreras de cotización cada vez mayores y la incorporación de cotizantes con salarios cada vez menores tras la reforma laboral (lo que deriva en cotizaciones también más bajas), y los tipos de interés en el 0% (que han hundido los ingresos financieros del sistema) suponen una presión sobre la estabilidad del modelo. En 2007 (año récord de la economía española) había 19,2 millones de cotizantes (ahora hay 18,4 millones) y entonces existían 7,58 millones de pensionistas y ahora superan la cifra de 8,68 millones.
