Duro Felguera ofreció este jueves, en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su versión sobre los pagos a sociedades de exaltos cargos de Venezuela que están siendo investigados por la Audiencia Nacional como prácticas de soborno. El grupo que preside Acacio Rodríguez argumenta que tales pagos están justificados por contratos de consultoría que concertó con la sociedad Técnicas Reunidas Terca en diciembre de 2008, contrato que luego pasaría a manos de otra sociedad controlada por el exviceministro chavista Nervis Villalobos. Que los pagos acabaran siendo para el exdirigente venezolano, responsable gubernamental para temas energéticos, llevó a la Fiscalía Anticorrupción a sospechar que el contrato que esgrimen Duro Felguera y los directivos investigados -los expresidentes Juan Carlos Torres Inclán y Ángel del Valle- eran una tapadera para abonar comisiones a cambios de las cuales la ingeniería asturiana se habría hecho con la obra del complejo eléctrico Termocentro, valorado en mil millones de dólares.
Duro asegura, sin embargo, que los pagos efectuados en Venezuela están justificados, por lo que confía en que quede acreditada "la limpieza" de su actuación.
En su cominicado, el grupo de ingeniería y bienes de equipo asegura que el material aportado a las diligencias de investigación "permite dar justificación o soporte contractual suficiente para los pagos efectuados".
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite el pasado mes de octubre la querella de Anticorrupción contra la empresa, su expresidente Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo.
Anticorrupción denunció supuestos cohechos millonarios a altos funcionarios venezolanos por parte de Duro Felguera con el fin de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.
La multinacional asturiana ha subrayado que los pagos efectuados "tienen su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento", todo ello "en contratos de naturaleza ordinaria y propios de la actividad social" de la empresa.
Duro Felguera dice no tener "conocimiento ni consentimiento de ninguna aplicación irregular o delictiva ulterior por parte de sus agentes en Venezuela de los fondos con los que se les ha remunerado conforme a lo pactado".
Además, considera que "no puede haber responsabilidad penal" de la compañía por actuaciones que pudieran calificarse como delito con anterioridad a la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010.
La investigación se centra en la concertación y posterior ejecución de un contrato suscrito por Duro Felguera con la empresa pública venezolana Electricidad de Caracas para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado por más de 2.000 millones de dólares.
La querella se dirige además contra el anterior presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, quien también forma parte de la presente causa al igual que Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006, que habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que "usara su capacidad de influencia" en el país.
