La nueva ley de contratos públicos reducirá las cargas burocráticas que tienen que superar las compañías, abrirá la puerta a que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan más opciones de beneficiarse de estas obras y se pondrán medidas para acabar con las llamadas bajas temerarias. Así lo explicó ayer el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, durante unas jornadas sobre las novedades de esta normativa, organizadas por la patronal FADE. También reconoció que el proceso para adjudicar los contratos es muy largo, de en torno a un año, y se comprometió a tratar de recortar los plazos.
Por su parte, el presidente de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocom, Ramón Montero, resaltó la importancia de este tipo de contratos públicos, que suponen, dijo, algo más del 35% del PIB nacional. Mientras que Jorge Álvarez, abogado del despacho Ontier y experto en el tema, puso el acento en que la nueva ley incorporará una serie de cláusulas sociales muy demandadas.
