Enagás, empresa propietaria de la regasificadora de El Musel, recibirá el próximo año, con cargo a la tarifa del gas, 23,6 millones de euros (casi dos millones al mes) para sufragar los gastos financieros y de mantenimiento que genera la instalación gijonesa, acabada a fines de 2012 y desde entonces sin actividad alguna. Es una cantidad análoga a la de 2017 y que sitúa en unos 175 millones los costes repercutidos en estos años sobre la factura energética de los hogares y las empresas españolas.
Los datos están extraídos de un informe que ayer divulgó la Comisión Nacional de los Mercados y al Competencia (CNMC) sobre los costes regulados (los llamados peajes) que pagarán los consumidores para retribuir el funcionamiento de las infraestructuras del sistema gasista español (regasificadoras, gasoductos de transporte y distribución, almacenamientos...). Tales desembolsos superaran los 3.000 millones de euros e incluyen la facturas correspondientes a dos grandes inversiones que no han prestado ningún servicio: la regasificadora asturiana y el almacenamiento denominado Castor y situado frente a la costa de Castellón. En los siguientes puntos se exponen las particularidades de ambas actuaciones.
La regasificadora hibernada. En marzo de 2012, el primer Gobierno de Mariano Rajoy decidió, ante el incipiente desfase que se estaba produciendo en la tarifa del gas, retener la entrada en servicio de nuevas infraestructuras, y la principal afectada fue la regasificadora de El Musel, entonces en obras. La planta, concluida en noviembre de ese año tras la inversión de 382 millones, quedó en situación de "hibernación". Al tratarse de un proyecto incluido como obligatorio en la planificación energética, Enagás es compensada con una retribución "provisional" que tiene dos partes: una para sufragar los costes financieros, equivalente cada año al 5,09% de la inversión bruta realizada y que para 2017 supone 19,44 millones de euros; la segunda parte es una cantidad destinada a cubrir los gastos de mantenimiento (4,16 millones este año) en los que incurre la promotora aunque la regasificadora esté sin actividad productiva. El complejo permanece parado porque las necesidades de gas natural en España no justifican su funcionamiento, pero también porque la autorización administrativa de la obra ha sido anulada por los tribunales. El Ministerio de Energía trabaja en un procedimiento de legalización. El conjunto de los costes de la regasificadora acumulados desde 2012 y pagados con cargo al recibo del gas se acercarán a los 175 millones a finales de 2018.
El almacén de los terremotos. El informe de la CNMC precisa también el dinero que recibirá Enagás por los costes asociados al almacenamiento subterráneo Castor, situado mar adentro frente a Vinaroz (Castellón): 96,4 millones de euros. Es la factura por una magna inversión que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero incluyó en la planificación energética y que acabó en fracaso por problemas técnicos insalvables. El que iba a ser el mayor almacén subterráneo de gas natural del país fue impulsado por una filial del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. En 2013, los trabajos quedaron paralizados a raíz de que las operaciones para inyectar gas en el subsuelo provocaran centenares de movimientos sísmicos. ACS renunció a la concesión y fue indemnizada con 1.650 millones de euros, después de que además los costes de las obras se hubieran triplicado respecto a la previsión inicial. Como operador del sistema, Enagás se hizo cargo del mantenimiento del almacén hasta que se decida su futuro. De ahí que sea esta compañía la que recibe los más de 96 millones anuales que cuesta Castor a los consumidores.
