La factura de los impuestos de ámbito autonómico que pagan quienes compran o heredan viviendas bajará el próximo año en diecisiete municipios asturianos y la correspondiente a otros bienes inmuebles (locales comerciales, garajes, oficinas...) se moderará en quince concejos más. Será como consecuencia de las rebajas que ha aprobado la Consejería de Hacienda del Principado en los coeficientes locales que se utilizan para hacer las llamadas comprobaciones de valor, un mecanismo de control fiscal que a la postre resulta clave para determinar lo que tributan ciudadanos y empresas.
Tales coeficientes se usan para verificar que a efectos fiscales son correctos los valores (bases imponibles) que declaran los contribuyentes cuando compran un piso usado o en caso de otra transacción afectada por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Principado emplea el mismo procedimiento de comprobación en el caso de las herencias cuando incluyen viviendas u otros bienes inmuebles y están afectadas por el impuesto de sucesiones (herencias superiores a los 300.000 euros en los casos de hijos, cónyuges, padres o nietos).
El mecanismo funciona así: después de que la persona presenta su declaración (autoliquidación) por haber comprado un piso a otro particular o haberlo heredado, el Ente de Servicios Tributarios (agencia autonómica de recaudación) compara el valor declarado con el resultado de multiplicar el valor catastral por un coeficiente asignado al municipio de que se trate, de forma que si el resultado de esta última operación es mayor que el declarado, el Principado reclamará al contribuyente un pago superior.
Los coeficientes se actualizan cada año según una fórmula que tiene en cuenta aspectos como el año en que se realizaron las actualizaciones catastrales y la evolución del mercado de la vivienda. Los resultados para 2018 suponen, para el caso de las viviendas, rebajas de los coeficientes en 17 concejos. En los siguientes puntos se detalla su alcance.
Los más beneficiados. Los principales ahorros podrán obtenerlos los propietarios de tres pequeños concejos: Candamo, Illas y Morcín. En los tres la reducción de sus respectivos coeficientes supera el 25%.
Grandes municipios. La rebaja equivale al 2,45% en Oviedo, al 0,48% en Avilés, al 5,11% en Langreo y al 4,5% en Mieres.
Otras rebajas. La relación la completan Cangas de Onís (-0,97%), Cangas del Narcea (-0,33%), Castrillón (-0,97%), Colunga (-0,97%), Corvera (-0,66%), Gozón (-5,11%), Ribera de Arriba (-2,94%), Sobrescobio (-0,48%), Teverga (-5,08%) y Tineo (-2,08%).
El resto, congelación. En los 61 municipios restantes, los coeficientes relativos a la viviendas quedan congelados.
Que los coeficientes bajen o que no sufran variación no significa por sí mismo que lo haga también la carga impositiva de las compraventas o de las herencias en todos los casos, porque la factura también depende de cómo haya evolucionado el valor catastral. Es habitual, aunque no ocurre en todos los casos, que las rebajas afecten a municipios donde las revisiones catastrales fueron realizadas dentro de los últimos diez años, período en el que entran en vigor de manera escalonada los nuevos valores, por lo general con incrementos. Con frecuencia también ocurre que los valores catastrales se modifican al acogerse los ayuntamientos (por voluntad de la corporación municipal o por mandato del Ministerio de Hacienda en ocasiones) a un mecanismo de actualización exprés que encarece los impuestos que afectan a la vivienda en el ámbito municipal y autonómico: el IBI y los comentados de transmisiones patrimoniales y de sucesiones.
La comprobación de los valores inmobiliarios, realizada por todas las autonomías, es un procedimiento que genera mucha controversia y litigiosidad frecuente. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado este mismo año varias sentencias que cuestionan el procedimiento de coeficientes empleado por el Principado, argumentando que las liquidaciones complementarias (pagos extras que reclama la Administración) no están correctamente motivadas y generan indefensión. Entre otras razones porque el mecanismo de comprobación no incluye visitas a los inmuebles para verificar su estado.
